Un periodo negro para el patrimonio histórico de Sevilla. Este mes de septiembre se cumplen 150 años de la Revolución de 1868, llamada La Gloriosa, una sublevación militar con elementos civiles y un claro sesgo anticlerical que supuso la caída y el exilio de la reina Isabel II y el inicio del período denominado Sexenio Democrático, en el que se intentó crear, sin éxito, un nuevo sistema estable de gobierno. Más allá de los aspectos puramente políticos, la rebelión tuvo unas consecuencias nefastas para el patrimonio sevillano, con unas pérdidas que se podrían comparar, incluso superar, según apuntan algunos historiadores, a las producidas durante la invasión francesa o los prolegómenos de la Guerra Civil. Se destruyeron las puertas medievales de la ciudad, se derribaron iglesias y conventos de gran valor, o se suprimieron parroquias. También se expulsó a las órdenes religiosas y se eliminó el presupuesto municipal para los actos religiosos, afectando a la Semana Santa y a la procesión del Corpus Christi.

Grabado publicado en la revista 'La Flaca' en abril de 1869: Prim, Serrano y Topete subastan la corona y el cetro real.

“Nada más iniciada la Revolución en Cádiz, se pronunció en Sevilla la guarnición de la ciudad, constituyéndose una Junta Provincial Revolucionaria con Antonio Arístegui como presidente. Según los especialistas (Cuenca, y sobre todo Arias Castañón) fue de este colectivo desde el que se alzaría el edificio doctrinal de los sectores más radicales”, explica José-Leonardo Ruiz Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. En su Manifiesto, publicado en la prensa el 20 de septiembre, presentó el programa político básico: una nueva Constitución, la implantación del sufragio universal masculino, el reconocimiento de amplias libertades, o la abolición de la pena de muerte. “Se trataba de unos planteamientos ideológicos que, sin duda, superaban los establecidos hasta el momento, de un liberalismo claramente moderado, incluso, desbordando los que en principio tenían en su mente los más conspicuos de los revolucionarios, un liberalismo más progresista”, expone el profesor, que asegura que el de Sevilla fue, sin duda, “el Manifiesto más relevante de cuantos se difundieron en aquellas fechas en España, destacando, entre otros aspectos, por su laicismo más radical”.

Los atentados patrimoniales realizados durante este periodo afectaron tanto a propiedades y en enseres de la Iglesia, como a obras civiles, siendo en este último caso especialmente significativa la destrucción de las puertas de la antigua ciudad medieval y la mayor parte de la muralla. De la veintena de accesos al centro histórico hoy tan sólo subsisten la Puerta de la Macarena, el Postigo del Aceite y la Puerta de Córdoba, única que conserva su disposición original; además del Arquillo de la Plata.

La Puerta de Triana también fue derribada.

“La nueva autoridad justificaba estos y otros derribos por los ensanches, ampliación de vías urbanas y espacios abiertos necesarios para la salubridad pública”. Francisco Mateos Gago, destacado presbítero y catedrático de la Hispalense, denunció tras renunciar como miembro de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos dos meses después del estallido revolucionario, las lamentables pérdidas que estaba sufriendo el patrimonio de la ciudad. En su denuncia, Mateos Gago indicaba “cómo en la oscuridad de la noche las alhajas, pinturas y esculturas mudaban de domicilio”, estando seguro que “la galería de cualquier particular puede enriquecerse tanto, y más, que el Museo en estas circunstancias”. “A su juicio, el proceso se había llevado de una manera anárquica, sin formación del correspondiente inventario”, añade el profesor Ruiz Sánchez.

Conventos y parroquias

La lista de conventos suprimidos fue abultada: La Concepción, La Asunción, Santa María la Real, Las Dueñas, Santa Ana, Madre de Dios, San José, las Mínimas y Santa Isabel. “El cardenal De la Lastra dio instrucciones al vicario y visitador de las religiosas para que interviniese ante la Junta a fin de que sus medidas fuesen lo menos perjudiciales. Por ello, cuando las autoridades civiles fueron a proceder a la incautación, los enseres habían sido en su inmensa mayoría ya trasladados”, apunta José-Leonardo Ruiz. Fue este el caso del convento de la Concepción, que se encontraba junto a San Juan de la Palma, en cuyo informe municipal quedó reflejado que la iglesia estaba completamente desnuda, sus altares habían sido sacados, incluido el mayor, trasladados, según el sacristán, por mandato de la abadesa a otros edificios religiosos.

Restos del convento de la Pasión en el edificio del restaurante La Reja, ya cerrado.

El listado de parroquias incautadas también fue bastante extenso: San Esteban, San Miguel, San Andrés, Santa Marina, San Nicolás, San Juan de la Palma, Santa Lucía, Santa María la Blanca, San Marcos, Santa Catalina, Omnium Sanctorum y Santiago. Sus obras de arte también fueron distribuidas entre sus propietarios (particulares, cofradías y otros). “La mayoría no fueron destruidas y de hecho se conservan en la actualidad. El caso más lamentable fue la Parroquia de San Miguel, junto a la Plaza del Duque, construida en tiempos de Pedro I, siendo uno de los mejores ejemplos del arte gótico mudéjar. La protesta de la Comisión de Monumentos, que se personó en el lugar para evitar su derribo, no fue tenida en cuenta”. También fueron suprimidas muchas capillas e iglesias: San Luis, La Trinidad, Capuchinos, San Hermenegildo, San Antonio, San Basilio, San Onofre... “Todo sucedió en los primeros momentos, que fueron los de mayor radicalismo religioso”.

Derribo de la Parroquia de San Miguel, templo del siglo XIV situado en la Plaza del Duque.

Desde el inicio de la revolución, y en tanto se conformaba un Gobierno provisional, la Junta Revolucionaria de Sevilla decretó la expulsión de los jesuitas, filipenses y cualquiera de las órdenes religiosas establecidas en la ciudad, la incautación de los edificios que ocupaban y los efectos que en ellos se contenían. “Sin duda, Sevilla fue la primera ciudad de España en adoptar una disposición de tal magnitud”.

Los jesuitas, por ejemplo, quienes creyeron que estas medidas serían pronto revocadas, se dispersaron inicialmente por distintas casas particulares. “Poco tardaron en salir de su error porque una comisión acudió a los pocos días a su residencia para ultimar la expulsión, siendo trasladados primero a Cádiz y más tarde a Gibraltar. Estas medidas conllevaron la incautación de la iglesia de San Francisco de Paula en su caso y el derribo de su residencia so pretexto de ruina”.

No fue muy distinto el caso de los filipenses. “También dispersados inicialmente entre familiares y amigos, ante la incautación del oratorio decidieron retirar de la cripta los restos de los padres difuntos y trasladarlos a la contigua Parroquia de San Pedro”. El viaje rumbo a Gibraltar (salvo el Padre García Tejero, que quedó en Cádiz debido a su grave enfermedad) lo hicieron en compañía de los jesuitas. El antiguo edificio fue derribado a comienzos de octubre de 1868 para efectuar el ensanche de las calles adyacentes (Doña María Coronel y Gerona) y sus abundantes y ricos enseres repartidos entre distintos edificios religiosos de la ciudad y el museo (los cuadros). En esa zona, la calle San Felipe recuerda donde se encontraba el cenobio.

Ese radicalismo se atenuó considerablemente durante el reinado de Amadeo I, lo que permitió el regreso de los religiosos de una manera particular (no como congregación) y la apertura incluso de sus centros de enseñanza (en el caso de los jesuitas) al amparo de las libertades proclamadas en el nuevo marco legal, aunque desprovistos de cualquier identificativo religioso. “El radicalismo reverdecería durante la Primera República, en 1873, cuando la autoridad municipal acordó la secularización del cementerio, prohibiéndose cualquier ostentación de signos y emblemas religiosos en las sepulturas, y la supresión del presupuesto para actos religiosos”, subraya el profesor.

La calle San Felipe recuerda donde estaba el antiguo convento de los filipenses.

Todas estas medidas fueron contestadas y rechazadas por el cardenal Luis de la Lastra y Cuesta. “La autoridad provincial decidió eliminar de la reforma municipal los artículos que más atacaban la sensibilidad religiosa como era la supresión de la capilla, los actos religiosos y la cruz central del cementerio, además de establecer que los no católicos fuesen enterrados en lugar separado. También se pronunció la ciudadanía, mayoritariamente en contra de las medidas antirreligiosas”.

Las cofradías

En cuanto a las cofradías, la demolición de la parroquia de San Miguel, provocó el traslado de la Soledad a San Lorenzo, Pasión al Salvador; y la reorganización del Amor, años más tarde en el convento del Dulce Nombre de Jesús. La incautación del convento de La Pasión, en la calle Sierpes; y del convento del Carmen, en Baños, deparó igualmente los traslados de la Vera Cruz a San Alberto y las Siete Palabras a San Vicente. También se incautó la capilla de la Carretería y se derribó la de la hermandad trianera de la Encarnación.

Grabado de la procesión de las Siete Palabras en 1873.

El momento más candente para las cofradías fue la supresión en el presupuesto municipal de la partida para actos religiosos, que afectaba especialmente a la Semana Santa y al Corpus. “En ello debió de pesar más el acuciante problema económico del Ayuntamiento que cualquier otra razón de índole ideológica”, sostiene José-Leonado Ruiz. En 1872 hubo problemas a la hora de conceder las subvenciones a las cofradías, imprescindibles para celebrar los cultos y la estación de penitencia. “El Ayuntamiento promovió entonces una función de teatro cómico en plena cuaresma a la que se opusieron las autoridades eclesiásticas y otros sectores católicos que, salvando las buenas intenciones de las autoridades, consideraron poco afortunado confundir lo sagrado con lo profano, y aconsejaron a las cofradías rechazar la subvención municipal”. La mediación del Gobernador Civil, aconsejando la concesión, salvó entonces la situación.

El problema se acentuó en 1873, ya durante la etapa republicana. “Las nuevas autoridades municipales negaron la colaboración. En parte la solución vino de nuevo de la autoridad gubernativa provincial que, siendo también republicana, logró reunir los fondos necesarios junto con una comisión creada al efecto”. A pesar de ello hubo cofradías que no estuvieron dispuestas a realizar la estación de penitencia. Tan sólo lo hicieron las del Santo Cristo de las Siete Palabras y María Santísima de los Remedios (San Vicente), Santísimo Cristo de la Columna y Azotes y Nuestra Señora de la Victoria (Los Terceros); y Sentencia de Cristo y Nuestra Señora de la Esperanza (San Gil) acogiéndose a la subvención municipal. Poco después, tampoco hizo su tradicional recorrido el Corpus Christi.