La Policía Nacional ha detenido a un total de siete personas en el marco de una nueva operación realizada en relación con el supuesto fraude detectado en el consorcio de Medio Ambiente de la Sierra Sur, ubicado en Estepa, donde a principios de año ya se realizó una investigación coordinada por la Fiscalía que terminó con la presentación de una denuncia contra seis personas en los juzgados. Según han confirmado fuentes policiales, la actuación realizada ayer permitió la detención de siete personas, en el marco de una operación que, según las mismas fuentes, continúa actualmente abierta.

La operación de ayer continúa las pesquisas realizadas a finales de enero por la Policía Nacional en el consorcio de Medio Ambiente de la Sierra Sur, donde se investiga un perjuicio económico que supera el millón de euros, mediante la contratación de la recogida de basura con la empresa Magno Ambiental del Levante, en la que figuraban como socios y administradores el secretario del consorcio y un funcionario. 

La Fiscalía de Sevilla, que inició esta investigación en coordinación con la Policía Judicial, presentó en febrero pasado una denuncia en los juzgados de Estepa contra seis personas, entre ellas el anterior presidente del consorcio y alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE), así como contra el secretario y el funcionario, además de las esposas de esto dos últimos, según confirmaron a este periódico fuentes próximas a la investigación.

El Ministerio Público considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y actividades prohibidas a los funcionarios, y ha pedido que se les tome declaración como investigados a estas seis personas.

El contrato se adjudicó por 1,4 millones y el perjuicio económico que habría soportado el consorcio como consecuencia de la "operación diseñada por los denunciados superaría el millón de euros", mientras que "el beneficio ilícito para los denunciados –a costa del dinero público– consistiría al final del arrendamiento" de la maquinaria en ingresos que se estiman aproximadamente en 1.113.210,25 euros,según recoge la denuncia del Ministerio Público.

La Fiscalía destacó asimismo que no consta que se siguiera un procedimiento administrativo previo en la adjudicación del contrato, "con las debidas exigencias de publicidad y adopción de las pertinentes garantías para protección del interés público, con la finalidad de llevar a cabo la conclusión del contrato de arrendamiento con Magno, por lo que puede plantearse provisionalmente la existencia de una adjudicación arbitraria".

Para el Ministerio Público, hay un "concierto previo de los denunciados para obtener –prácticamente sin inversión alguna– un lucro personal de considerable entidad" que ha ocasionado un grave perjuicio de los fondos públicos con ocasión de la organización del servicio de recogida de basuras en los municipios dependientes del consorcio, incluyendo la "entrega de cantidades sin causa justificada y sin llegar a tramitar procedimiento en que se respetaran las garantías legales”.