Un juzgado de Sevilla ha rechazado dictar una medida cautelar de suspensión de la música en una discoteca que ha sido objeto de 271 partes de la Policía Local y que emite ruidos que superan en un mil por ciento los límites autorizados.

Según informaron a Efelos vecinos afectados, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 ha acordado no tramitar la medida cautelar de paralización de la actividad musical de la discoteca Soho, ubicada en la calle Progreso de Sevilla, porque siete meses antes se había interpuesto ya otro recurso de apelación.

Los afectados han recurrido en apelación ante la Audiencia de Sevilla alegando que se han realizado mediciones en la vivienda de un vecino que arrojan de madrugada un ruido superior en un mil por ciento a los límites establecidos.

Ello supone una "auténtica tortura" para la familia, que dispone de partes médicos de ingresos en Urgencias por subidas de tensión y riesgo de infarto. Se han producido nuevas intervenciones de la Policía Autonómica, en un caso que acumula ya 271 partes de la Policía Local, añaden. En su recurso, los vecinos añaden que existe un tubo colocado en el local que "ha sido declarado no legalizable y el expediente ha estado perdido en la Gerencia de Urbanismo sin tramitar durante nueve meses". Por ello, piden también la "intervención urgente y solvente de los nuevos responsables municipales".

Su recurso afirma que desde el 14 de febrero de 2011, fecha del anterior auto, el juzgado ha recibido nuevos documentos que "hacen jurídica y humanamente coherente" una medida cautelar como la solicitada.

Recuerdan que su posición ha sido apoyada por la Fiscalía sevillana, quien en sus escritos ha denunciado la "inactividad" y "silencio" del Ayuntamiento de Sevilla frente a las denuncias vecinales, en una actitud puede vulnerar los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física e intimidad del domicilio.

Los vecinos, que han denunciado por la vía penal a los responsables de la discoteca y a las autoridades municipales, argumentan que peligra su derecho constitucional a la integridad y salud y razonan que, ante los "indicios más que racionales de la comisión continuada de hechos delictivos es necesario, al menos, la adopción de esta medida para evitar lesiones".