La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha decidido suspender el volcado y entrega a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los miles de correos intervenidos a tres altos cargos y doce funcionaros de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, al no haber resuelto los recursos que se han presentado por las defensas contra esta decisión.

Un agente de la Guardia Civil se personó a las once de esta mañana en el juzgado para proceder al volcado del disco duro de 2 terabytes que contiene la información recopilada en la Consejería de Empleo el pasado 23 de enero, pero la juez ha decidido suspender la entrega de los datos.

En un acta levantada ante la comparecencia, a la que han asistido además los defensores de varios de los funcionarios investigados, la juez explica que “no se ha podido resolver sobre la petición de suspensión formulada, al encontrarse las actuaciones en Fiscalía”, por lo que ha acordado, “por razones de seguridad jurídica” acceder a la solicitud de suspensión de la diligencia señalada, a la espera de lo que se resuelva por su señoría.

Varias defensas de los investigados, entre ellas la viceconsejera de Empleo, María José Asensio, recurrieron la decisión de la juez de entregar todos los correos a la Guardia Civil. La defensa de Asensio pidió al juzgado expresamente que se suspendiera el volcado de los correos, al entender que podría causar "irreparables perjuicios" y la vulneración de derechos fundamentales con una investigación que considera "prospectiva". Otras defensas también habían pedido la suspensión del acto del volcado porque no se habían resuelto los recursos presentados.

La juez Patricia Fernández Franco, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, autorizó en enero pasado, en una pieza declarada secreta, el pinchazo de 19 cuentas institucionales o corporativas de estas 15 personas en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, entre las que se encontraban inicialmente las del consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, de la viceconsejera y ex directora general de Minas María José Asensio Coto, del ex viceconsejero Luis Nieto Ballesteros, y del ex secretario general de Industria, Energía y Minas y actual interventor general de la Junta, Vicente Fernández Guerrero.

La Guardia Civil no se llevó ningún correo del consejero, dada su condición de aforado, pero sí los miles de correos de esas 15 personas (19 cuentas) en el periodo a investigar y en principio sin ninguna limitación a la causa en la que se investiga el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Es decir, la Guardia Civil se ha incautado de todos los correos de los altos cargos y de los funcionarios, en los que se incluyen los relacionados con la causa judicial y los que no guardan relación alguna. Toda la comunicación electrónica, sin excepción, entre 2013 y 2016, y sin ningún filtrado previo para limitar la búsqueda a los correos relacionados con el concurso público para la reapertura de las minas de Aznacóllar.