La defensa del presidente de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, y del tesorero de la asociación, Antonio Velarde, ambos imputados en la macrocausa judicial abierta contra la mafia del taxi en Sevilla, ha criticado los "novelescos atestados" que a su juicio está elaborando la Policía en relación con el caso y ha alertado a su vez de una "investigación prospectiva en la búsqueda desesperada de delitos".

El abogado Simón Fernández Rebollo, que representa a ambos taxistas, ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, en el que solicita a la juez que acuerde la "investigación policial a los hechos objeto de la causa y a su espacio temporal". Según el letrado, con los atestados que está remitiendo la Policía se está creando una "imagen criminal agravada", por cuanto se están solicitando unos mandamientos dirigidos a las entidades bancarias "sin cota o delimitación temporal", en relación con la solicitud de las cuentas bancarias de los investigados.

Reclaman a la juez que limite la "investigación policial" a los hechos objeto de esta causa

La defensa entiende que de esta forma se está "excediendo el ámbito del proceso" y teme que se esté dando entrada, "de forma velada, a la tan indeseable investigación prospectiva, de suerte que se pretende por la fuerza actuante encontrar delitos a toda costa en vez de investigar delitos de los que se tiene constancia o al menos notitia".

Recuerda que de los 27 investigados en la macrocausa por la mafia del taxi, "sólo siete" aparecen relacionados con la asociación Solidaridad del Taxi y "a pesar de ello y de que el propio atestado reconoce que se trata de actos generalizados en el gremio (en todo el colectivo) y no exclusivos de una u otra asociación, se decide, porque sí, centrar una investigación sólo en esta asociación".

El letrado Simón Fernández relata que en los atestados se llegan a recoger denuncias de los años 2003, hace 14 años, e incluso "se elaboran novelescos atestados con elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio". "Tómese como ejemplo el supuesto calendario particular del 'grupo organizado', desmentido por el informe emitido en días pasados por el Instituto del Taxi; o las cábalas sobre la boda de mi mandante para ofrecer como sospechoso que un concejal concreto casara a éste hace unos años, atenuando e incluso silenciando en esa información, eso sí, los enfrentamientos públicos aunque pacíficos entre estas dos personas y el hecho ridículo de que nunca el señor Filgueras iba a negar quién ofició su boda civil".

Para la defensa, son estas "pequeñas pinceladas de lo que se advierte en la causa que, insistimos, carece de base alguna para el delito investigado y que de no remediarlo Su Señoría se convertirá con toda seguridad en una investigación prospectiva en la búsqueda desesperada de delitos", sostiene.

Asimismo, considera que se le está ofreciendo a la juez instructora una "información sesgada como se advierte de los propios interrogatorios en los que se pone en duda lo que de forma documental y pública está al alcance de la fuerza actuante". Así, explica que desde que se produjo el registro policial en la sede de Solidaridad, por parte de los investigadores "se han ido sucediendo repetitivos y seriados oficios de información sobre el resultado de aquél" en los que "llama la atención la deliberada ocultación de documentos que obraban en las oficinas tanto en papel como en los registros informáticos", citando por ejemplo facturas por la contratación de publicidad en los que se acredita el importe que percibía la asociación y que "dista mucho de los miles de euros mensuales que no sabemos quién ha indicado" a la juez.