Tres presos de la cárcel de Sevilla-II, ubicada en Morón de la Frontera, violaron a otro con un bote de gel para supuestamente sacarle una pequeña cantidad de hachís que llevaba oculta en el ano. Así lo denunció este lunes el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), mayoritario entre los empleados de prisiones. 

Los hechos, según cuenta el sindicato, ocurrieron el viernes 5 de agosto. La propia víctima relató al funcionario del departamento que, cuando se encontraba en los aseos de la sala de día, fue abordado y prendido a la fuerza por tres reclusos, a los que identificó perfectamente. Estos lo introdujeron en el último retrete de los aseos, el más alejado de la entrada.

Allí, le bajaron los pantalones y la ropa interior y le introdujeron por la fuerza un bote de gel por el ano, para supuestamente, a modo de lavativa, conseguir sacarle el hachís que llevaba en su interior. El día anterior, el preso había tenido una comunicación con su familia y los agresores sospechaban que llevaba droga oculta. 

Otro interno que en ese instante entró en los aseos se percató de la situación al oír ruido en el último baño. Pensando que se estaba vendiendo hachís, abrió la puerta y pudo ver a la víctima con los calzoncillos bajados, la cara pálida y atemorizado, según indica la nota de TAMPM. El suelo estaba lleno de gel de un bote que estaba tirado al lado. Este testigo vio a los otros tres supuestos agresores repartirse unos trozos de hachís. 

Los hechos han sido confirmados por fuentes de Instituciones Penitenciarias, que han explicado a este periódico que tras la denuncia del reo se procedió a la activación del protocolo habitual para este tipo de agresiones. El denunciante fue revisado por un médico en el centro y éste ordenó su traslado a un centro hospitalario para la realización de un estudio más exhaustivo, tras lo cual regresó a prisión. Las mismas fuentes indican que se está recabando toda la información para poder identificar a los agresores y que el caso ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial para que obre en consecuencia.

Falta de medios para controlar la entrada de droga

El sindicato denuncia la "escasez de medios tanto personales como materiales con los que cuentan los funcionarios para luchar contra la entrada de drogas en las prisiones, tanto en las comunicaciones familiares como al regreso de permisos". TAMPM asegura que, pese a "los ímprobos esfuerzos de los funcionarios para luchar contra este problema que genera la mayoría de los conflictos diarios, la administración penitenciaria parece preferir mirar para otro lado".

La entidad recuerda que en los últimos meses, en el Centro de Inserción Social (CIS) de Sevilla, varios internos han dado positivo en analíticas de drogas ("las pocas que se hacen"), pero sólo han recibido sanciones leves y "poco ejemplarizantes para el resto de la población reclusa, que ve que no les ocurre nada a los que consumen drogas, y más tratándose de un centro destinados a internos clasificados en su mayoría en tercer grado, y que se supone que están terminando de cumplir sus condenas en semilibertad". Por ello, entiende la central, que deben ser "ejemplo de reinserción y cumplir las normas de comportamiento y no consumir drogas. 

En cambio, asegura el sindicato, "cuando se les hace alguna analítica (y hay directrices de hacer muy pocos controles de drogas) y dan positivo, ya no se les regresa a segundo grado, sino que tan solo se les prohíbe salir a la calle algún que otro fin de semana. Y todo para que no se descubra la suicida política penitenciaria de la actual administración, que sólo busca engordar la estadística de terceros grados, como si fuera un mecanismo de control de eficiencia y efectividad de reinserción".

Para los trabajadores de prisiones, "esta temeraria deriva de la actual política penitenciaria dirigida directamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su mano derecha y de máxima confianza, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, solo trae más delincuencia a las calles y más conflicto en los centros penitenciarios, donde se pone en riesgo la integridad física y sexual de los reclusos a quienes dicen proteger, y la de los funcionarios, que sufren agresiones diarias". 

TAMPM recuerda que los funcionarios de prisiones siguen sin ser considerados agentes de la autoridad, ni reciben indemnizaciones cuando resultan lesionados en el trabajo, ni se les dota de más efectivos ni medios materiales.