La intención del Ayuntamiento de Sevilla de endurecer la regulación de las viviendas turísticas con una modificación del plan urbanístico de la ciudad (PGOU) con vistas a considerarlas como hospedajes en suelo terciario con licencia de actividad ha caído en vía muerta.

La cuestión lleva estancada tres meses porque tal pretensión no es compatible con la normativa andaluza que regula este tipo de alojamiento: el Decreto andaluz 28/2016 de las viviendas con fines turísticos. Lo advirtieron las asociaciones del sector en su día cuando lo planteó el gobierno de Juan Espadas.

La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) recalcó a finales de diciembre que tal propuesta de tratar las viviendas turísticas como hospedaje ubicado en “suelo terciario” y ceñido a licencia de actividad “no tiene validez jurídica” porque contraviene el decreto andaluz que regula desde 2016 las viviendas turísticas.

Así las cosas, el Ayuntamiento tiene que ver ahora qué otras alternativas de regulación puede tener que no incumplan la legislación andaluza. Según ha aclarado esta semana el gobierno municipal a preguntas de este periódico, esa iniciativa de modificación del plan urbanístico “se está analizando jurídicamente” en el Ayuntamiento.

No hay más datos oficiales aparte de la aclaración de que “el informe es complejo porque ha habido varias sentencias” y de que cuando estén claras las opciones “se mostrará el planteamiento a las partes afectadas”.

El gobierno de Espadas dice que la cuestión es compleja por las sentencias que hay

La cuestión es que tres meses de análisis parece demasiado tiempo para una consulta jurídica. A este hecho se añade que a lo largo de estos meses el gobierno local no ha consultado con las asociaciones de viviendas turísticas una alternativa. Y que quedan dos meses para las elecciones municipales del 26 de mayo.

Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla no esperan novedades en los próximos meses y aseguran que la tramitación de esta iniciativa del alcalde Espadas “está parada”. La patronal hotelera es partidaria de frenar la proliferación de viviendas ilegales de uso turístico con una declaración de estas como “actividad económica”, lo que implicaría que los dueños tengan que sacar una licencia fiscal, que tengan que emitir factura (por la ley de turismo), que paguen impuestos y tributen como tal actividad económica.

Otras entidades que confirman la parálisis de esta tramitación municipal son las asociaciones de viviendas turísticas AVVA y Apartsur.

Desde Apartsur, su portavoz el arquitecto Juan Ignacio Chaves reitera que la vivienda turística no puede convertirse en hospedaje terciario porque la ley andaluza obliga a registrarla como vivienda con fines turísticos, y tampoco puede ser apartamento.

Y añade que el gobierno local puede estar esperando a después de las elecciones municipales. “Si se tuviera que hacer una modificación estructural, tiene que intervenir ordenación del territorio de la Junta y el trámite es muy largo. Pueden estar esperando a las elecciones a ver si repiten otro mandato municipal”, afirma Chaves.

Apartsur está molesta porque el Ayuntamiento no les ha pedido opinión sobre las alternativas que hay para hacer una regulación municipal ni los sienta a la mesa que se constituyó para luchar contra los alojamientos ilegales.

Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) su delegado en Sevilla, David Moreno, confirma que “pasar a terciario no era viable jurídicamente y ahora se trabaja con el sector para una norma que sea lo más equitativa y justa para los ciudadanos”.

La entidad se ha ofrecido a colaborar con el Ayuntamiento para lo que necesite “para hacer una regulación consistente y que jurídicamente se sostenga , no perjudique y sea lo más beneficiosa para la ciudad”.

Apartsur y AVVA repiten los beneficios que ha traído la vivienda turística: complemento a la economía familiar, potenciador del comercio y la hostelería, y regeneración del parque de vivienda.