La intención del Ayuntamiento de Sevilla de endurecer la regulación de las viviendas turísticas con una modificación del plan urbanístico de la ciudad (PGOU) no ha gustado nada a la patronal de empresas que se dedican a este sector, que advierte de que el cambio anunciado por el gobierno de Juan Espadas es ilegal.

La modificación anunciada por el Consistorio sevillano tiene que ver con cambiar la norma urbanística de la ciudad para que las viviviendas turísticas pasen a considerarse como alojamientos turísticos dentro de un uso general de “hospedaje de carácter terciario”.

Pues bien, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) ha recalcado que esta propuesta de tratar las viviendas turísticas como hospedaje ubicado en “suelo terciario” y ceñido a licencia de actividad “no tiene validez jurídica” porque contraviene el decreto andaluz que regula desde 2016 las viviendas turísticas, advierte el presidente de esta patronal turística Carlos Pérez-Lanzac.

El decreto andaluz de 2016 dice claramente que deben estar en suelo de uso residencial

En efecto, el Decreto andaluz 28/2016 que regula las viviendas con fines turísticos destaca que son tales las ubicadas en inmuebles “situados en suelo de uso residencial”.

El artículo 3 de esta normativa andaluza dice literalmente que “se entiende por viviendas con fines turísticos aquellas ubicadas en inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde se vaya a ofrecer mediante precio el servicio de alojamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma habitual y con fines turísticos” (artículo 3.1.).

El artículo 3 del decreto andaluz de las viviendas con fines turísticos.

Y añade la norma que “se presumirá que existe habitualidad y finalidad turística cuando la vivienda sea comercializada o promocionada en canales de oferta turística” (artículo 3.2.). El decreto concluye el artículo 3 aclarando por qué vías pueden reservarse estas viviendas turísticas: “se considerarán canales de oferta turística, las agencias de viaje, las empresas que medien u organicen servicios turísticos y los canales en los que se incluya la posibilidad de reserva del alojamiento” (artículo 3.3.).

La patronal de viviendas turísticas amenaza con presentar alegaciones si esta propuesta municipal sale adelante. “Cualquier iniciativa que restrinja los derechos de los ciudadanos debe estar justificada y cumplir con criterios de necesidad y proporcionalidad”, sentencia Pérez-Lanzac, que valora de forma positiva el decreto andaluz y las iniciativas llevadas a cabo para la lucha contra la oferta ilegal.

La asociación solicita a las administraciones que cuenten con el sector y eviten los alarmismos y la judicialización

Aparte de presentar alegaciones, la asociación solicita a las administraciones que cuenten con el sector y eviten los alarmismos y la judicialización porque “traerá efectos negativos no sólo al sector de la vivienda turística sino a los municipios como destino”.

Y esperan mantener una reunión próximamente con el Ayuntamiento sevillano. “La vivienda turística es un joven pilar fundamental de la economía y del sector turístico de Sevilla del que dependen muchas familias, confiamos en que trabajando de forma conjunta continuemos avanzando en la normalización de la industria”, declara elpresidente.

Respuesta municipal

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se responde a esta advertencia de la patronal de viviendas turísticas que “el punto de partida de esta modificación que se plantea es la necesidad de adecuar el PGOU a la normativa turística de la Junta de Andalucía, que es posterior” al PGOU de 2006. Y que “se hilará fino en el texto y se someterá a los informes previos necesarios antes de su tramitación”. El primero de estos informes lo debe realizar la Junta de Andalucía.

“La modificación se plantea por la necesidad de adecuar el PGOU a la normativa turística de la Junta de Andalucía, que es posterior”

El Consistorio agrega que lo anunciado por el concejal de Turismo Antonio Muñoz es “el borrador que han hecho los servicios técnicos de acuerdo con lo anunciado hace unos meses y de cuerdo al proceso de participación abierto”.

Esta medida fue presentada tras la reunión mantenida la semana pasada por la Mesa para la Lucha contra la Oferta Ilegal. En ella participaron el concejal de Hábitat Urbano y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y representantes de las Policías Nacional, Local y autonómica, Junta de Andalucía, Medio Ambiente, Gerencia de Urbanismo, Turismo, Asociación de Hoteles y la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía.

Menos ilegales

La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía señala que el número de estas viviendas ilegales se ha reducido gracias a los controles de los últimos años. Y que así lo ha reconocido el delegado de Turismo Antonio Muñoz, que ha constatado “una reducción de la oferta ilegal de viviendas turísticas como consecuencia del aumento de los controles y de los acuerdos alcanzados con las principales plataformas digitales, que han permitido la exclusión de todas aquellas viviendas que no cuenten con autorización y estén dadas de alta en el registro autonómico”.

Durante la Mesa para la Lucha contra la Oferta Ilegal, la patronal de viviendas turísticas celebró que los problemas de convivencia están reduciéndose en Sevilla, según los datos aportados por la Policía Local de Sevilla, que indica que se han registrado 42 intervenciones identificadas sobre problemas de convivencia en los últimos ocho meses.

Según el barómetro realizado por la Universidad de Salamanca la vivienda turística ha generado en Andalucía más de 18.000 millones de euros en dos años. Los españoles se gastan 480 euros por estancia, de los que el 55% va destinado a compras en comercios de proximidad. En los extranjeros, la cifra aumenta hasta los 857 euros, de los que el 47,3% se gasta en comercios y establecimientos de proximidad. El mismo informe cifra en un 1,7% de incidencias de conflictos de convivencia.