El Sevilla FC, a través de sus abogados, ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia que dictó el juzgado de lo Mercantil número 2 de la capital hispalense en la que dictaminaba que José María del Nido Benavente debería haber podido votar con sus acciones en todos los puntos del orden del día señalados en la última Junta General Ordinaria de Accionistas. En esta asamblea, celebrada el pasado 29 de diciembre, el presidente, José Castro, impidió su derecho al voto a Del Nido en el punto referido a la remoción del consejo de administración y nombramiento de nuevos cargos, lo que el juez declaró claramente como una “ilegalidad societaria” cometida por los actuales gestores del Sevilla FC SAD.

En aquel momento, sin embargo, se calificó desde el consejo de administración como “muy favorable” la sentencia, así como otra derrota judicial del ex presidente, pero sin embargo ahora es recurrida al estar disconforme con la opinión del juez de estimar parcialmente la querella presentada por el máximo accionista de la sociedad. En la misma, el juez aclaraba su decisión de mantener a los miembros del consejo, lo que los actuales gestores calificaron como “éxito rotundo”, en palabras del vicepresidente, José María del Nido Carrasco. Entre otras cosas, porque sólo una Junta General de Accionistas tiene potestad para cesar a un consejo de administración.

En el fondo de este recurso, presentado por otra parte en el último momento y apurando hasta el día de gracia, se encuentra la intención del actual consejo de dirección de volver a impedir a Del Nido Benavente votar en la próxima Junta Extraordinaria que él mismo ha solicitado y que se celebrará el día 27 de julio. No dejarle ejercer de nuevo el derecho al voto, como parece que así será, sin haber recurrido parecería una incongruencia jurídica que podría perjudicar sus intereses en esta inacabable batalla legal.

El recurso se basa de nuevo en la imposibilidad de cesar a los consejeros que habían sido designados por la Junta a petición del propio Del Nido acogiéndose al derecho de la agrupación de las minorías en la Junta de 2018.