Joaquín Maudos

Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e Investigador del Ivie

Han pasado más de tres años desde que estallara la crisis internacional que todavía hoy estamos sufriendo y que se inició en el corazón del sistema financiero. La economía española, si bien inicialmente estuvo menos expuesta a la crisis como consecuencia de la prácticamente nula exposición de nuestro sector bancario a los productos vinculados a las subprime americanas, los efectos colaterales (falta de confianza en los mercados mayoristas) han sido de gran importancia como consecuencia del elevado nivel de endeudamiento del sector bancario y de nuestra economía. El origen de los problemas actuales del sector bancario español es triple: 1) el crecimiento acelerado del endeudamiento de la economía española apoyado en el crédito bancario; 2) una clara infravaloración del riesgo de las actividades relacionadas con el ladrillo (construcción, promoción inmobiliaria y crédito para la compra de vivienda), hasta alcanzar 1,1 billones de euros y concentrar el 60 por ciento del crédito total al sector privado; y 3) una acelerada expansión de la red de sucursales y el empleo. Pero además de los efectos de la crisis internacional, la banca española, y por extensión nuestra economía sufrió los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En concreto, los efectos de esta crisis made in Spain se manifiesta en forma de reducción del precio de la vivienda; disminución en el crecimiento del PIB y de la actividad bancaria; incremento de la tasa de morosidad (hasta una tasa del 5,8 por ciento en noviembre de 2010) y de los activos problemáticos (que alcanzan 181.000 millones de euros en promoción inmobiliaria y construcción); cierre del grifo del crédito bancario; y reducción de los niveles de rentabilidad.

¿Cuáles son por tanto los retos/problemas a los que se enfrenta en estos momentos el sector bancario español? En mi opinión, diez: 1) elevada concentración del riesgo en el “ladrillo”; 2) aumento de la morosidad; 3) buscar un modelo de negocio alternativo al ya caduco modelo basado en la construcción; 4) dificultades en el acceso a la financiación de los mercados mayoristas (en enero de 2011 incluso los grandes bancos españoles han tenido dificultades para colocar deuda de calidad y tras pagar tipos elevados); 5 ) reducción de los niveles de rentabilidad; 6) efectos colaterales de la crisis de la deuda (rebaja de ratings y competencia de la deuda pública); 7) exceso de capacidad instalada; 8) necesidades de incrementar los recursos propios; 9) abrir el “grifo” del crédito bancario; y 10) concluir el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros en el que en estos momentos 40 de las 45 cajas están inmersas en fusiones en torno a 13 procesos de integración, de los que 8 han recibido ayuda del FROB, 5 de ellos vía SIP. Dada la magnitud de los retos señalados, las autoridades con competencias en materia bancaria han dado respuestas firmes para hacer frente a los problemas: la aprobación del FROB en junio de 2009, la reforma de la ley de cajas en verano de 2010, la publicación de los stress test en julio de 2010; cambios en materia de provisiones con efectos octubre de 2010 y, más recientemente, obligación de publicar a inicios de 2011 información hasta ahora confidencial sobre los aspectos que más preocupan y que dejan sospechas sobre la verdadera salud de las entidades: exposición al ladrillo, garantías existentes y vencimientos de deuda. Algunos de los retos señalados adquieren mayor protagonismo en las cajas de ahorros (mayor concentración del crédito en el ladrillo mayor volumen de inmuebles adjudicados y mayor exceso de capacidad instalada), siendo este el motivo por el que la reestructuración que hasta ahora ha tenido lugar se haya centrado en estas entidades. Si bien el intenso proceso de reestructuración de las cajas de ahorros presenta muchas ventajas, también despierta ciertos interrogantes. Entre las ventajas: 1) los SIP han permitido desatascar la reticencia de los gobiernos regionales a las fusiones interregionales (las cajas mantiene una cierta independencia aunque cada vez menor con la exigencia del BE de mutualizar el 100 por ciento del beneficio y cediendo a los bancos creados más competencias) 2) la financiación del FROB está condicionada (y supervisada) por el Banco de España a un plan de viabilidad que exige el cierre de sucursales y la pérdida de empleo y 3) la integración del sector supone un aumento del tamaño, lo que supone aprovechar economías de escala y mejorar el acceso a la financiación en los mercados mayoristas. Pero como se está demostrado en enero de 2011, la reestructuración de las cajas no acaba de convencer a los mercados, siendo este el motivo por el que en el momento de redactar estas líneas se ha anunciado por parte de Gobierno nuevos cambios normativos dirigidos a acelerar la reestructuración de las cajas con el objetivo de mejorar su solvencia e imagen. En mi opinión, el proceso de reestructuración iniciado con el FROB presentaba algunos interrogantes: 1) las ayudas del FROB se han destinado a financiar costes operativos y por tanto no a mejorar la solvencia 2) las ayudas hay que devolverlas en un plazo limitado (5 años) y a elevado coste (7,75 por ciento el primer año) 3) la reestructuración empezó tarde, se está realizando deprisa, pero la reestructuración de facto (cierre de oficinas, reducción de empleo) sigue pendiente 4) cuesta entender la racionalidad económica de algunas fusiones en donde están involucradas entidades muy dispares y, aparentemente, con los mismos problemas; y 5) en algunos de los SIP constituidos, el peso político en los consejos de administración sigue siendo elevado. 2010 pasará a la historia como un año de profunda reestructuración en el sector bancario, que a buen seguro va a continuar en 2011.

En este momento es difícil hacer previsiones sobre la segunda ronda de la reestructuración del sector dado el nuevo reto que supone cumplir con las medidas anunciadas el 24 de enero por el Gobierno (básicamente, poseer a 31 de septiembre de 2011 un core capital mínimo del 8 por ciento que será más elevado en el caso de las entidades no cotizadas y con elevada dependencia de la financiación mayorista. En el caso de no cumplir en esa fecha el requisito, el FROB inyectará capital en una especie de nacionalización. Si eso ocurre en una caja, estará obligada a convertirse en banco). La nueva reordenación que de ello se derive no implica necesariamente que haya una segunda ronda de fusiones entre cajas (dado que ya hay 40 de 45 inmersas en fusiones), si bien es seguro que asistiremos a movimientos corporativos dirigidos a entrar en el capital de las cajas de ahorros, continuando de esta forma la reordenación del sector bancario español.