En busca y captura Martiño Ramos, profesor pederasta condenado a 13 años de cárcel

Las autoridades policiales mantienen activa la búsqueda del profesor de música Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una menor. El docente, que ejercía en un colegio público de Orense, permanece en paradero desconocido desde que el Tribunal Supremo confirmó su sentencia en julio de 2024. Ramos, quien además era conocido en la ciudad por su activismo cultural y político, aprovechó su posición como profesor para contactar con alumnas menores a través de redes sociales.

El caso salió a la luz en 2021, cuando la víctima principal decidió presentar una denuncia formal tras sufrir un calvario que comenzó dos años antes, en 2019, mientras cursaba 6º de Primaria. La investigación posterior reveló que el condenado utilizaba perfiles falsos en Instagram para acercarse a sus alumnas, haciéndose pasar por otro menor. Según quedó demostrado durante el juicio, Ramos se aprovechó de la vulnerabilidad de la denunciante, conocedor de los problemas que la joven atravesaba tanto en el ámbito familiar como escolar, presentándose inicialmente como una figura de apoyo para posteriormente agredirla y abusar sexualmente de ella.

A pesar de la gravedad de los hechos probados y de la contundente sentencia dictada por la Audiencia de Ourense, el sistema judicial ha sido criticado por su aparente benevolencia con el condenado. Durante los cuatro años que duró el proceso, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión provisional, lo que ha facilitado que Ramos pueda encontrarse ahora huido de la justicia, evitando cumplir la condena impuesta.

El proceso de investigación y las dificultades para la víctima

Uno de los aspectos más preocupantes de este caso fue la inicial falta de credibilidad otorgada al testimonio de la menor. Según han declarado personas cercanas al entorno, el prestigio social del que gozaba el profesor en la ciudad gallega jugó en contra de la víctima. "Tenía mucho reconocimiento social en la ciudad y eso hizo que a la víctima no se le creyera", ha señalado una excompañera de militancia política de Ramos, quien perteneció a formaciones como Ourense en Común y En Marea, ambas ya desaparecidas del panorama político.

La situación llegó a tal punto que, según el relato de la menor recogido en la sentencia, algunas trabajadoras del centro educativo, incluyendo a la orientadora y otras profesoras, mantuvieron reuniones con ella para desacreditar su versión, llegando a afirmar que "eran imaginaciones suyas" y mostrando plena confianza en la inocencia del acusado. Esta presión adicional incrementó el sufrimiento de la joven, quien finalmente vio reforzado su testimonio cuando otras alumnas del mismo centro corroboraron su relato ante la Audiencia de Ourense, aportando además como prueba los mensajes que el condenado les había enviado a través de distintas plataformas de redes sociales.

El modus operandi del profesor condenado

La investigación judicial ha permitido establecer con claridad la estrategia utilizada por Martiño Ramos para aproximarse a sus víctimas. El docente empleaba técnicas de manipulación psicológica para ganarse la confianza de las menores, especialmente de aquellas que mostraban algún tipo de vulnerabilidad o problemas personales. En el caso de la principal denunciante, Ramos creó un perfil falso en Instagram haciéndose pasar por otro adolescente, estableciendo así un primer contacto que le permitió conocer detalles íntimos de la vida de la menor.

Una vez ganada la confianza de la víctima, el profesor revelaba su verdadera identidad, pero mantenía la apariencia de figura de apoyo y comprensión. Este comportamiento no se limitó a una única alumna, ya que la sentencia recoge que contactó con más menores del mismo centro educativo con intenciones similares. Según establece el fallo judicial: "Se presentaba inicialmente como una figura de apoyo, para después ya pretender que las menores le enviasen fotografías o videos de ellas desnudas o en prácticas sexuales".

En el caso más grave, el de la denunciante principal, Ramos llegó a agredir físicamente a la menor y cometió abusos sexuales aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, hechos que la justicia ha considerado probados y por los que se le ha impuesto la pena de 13 años de prisión.

La situación actual de la búsqueda del condenado

Desde que se confirmó la sentencia en julio de 2024, las fuerzas de seguridad mantienen activa la orden de búsqueda y captura contra Martiño Ramos Soto. Fuentes policiales consultadas confirman que, a fecha de abril de 2025, el condenado sigue en paradero desconocido, lo que ha generado preocupación tanto entre las familias de las víctimas como en la comunidad educativa ourensana.

Este caso ha puesto de manifiesto posibles deficiencias en el sistema de protección a menores dentro del ámbito educativo, así como en los protocolos de actuación judicial cuando se trata de delitos sexuales contra menores. La demora en el proceso judicial y la ausencia de medidas cautelares más contundentes han permitido que, a día de hoy, el condenado no haya comenzado a cumplir la pena impuesta.

¿Qué mecanismos existen para prevenir abusos en entornos educativos?

El caso de Martiño Ramos ha reavivado el debate sobre los protocolos de prevención de abusos en centros educativos. Actualmente, la legislación española contempla diversas medidas para proteger a los menores, incluyendo la obligatoriedad de presentar un certificado negativo de delitos sexuales para trabajar con niños. Sin embargo, expertos en protección a la infancia señalan que estas medidas pueden resultar insuficientes si no van acompañadas de formación específica para el personal docente y de protocolos claros de actuación ante sospechas de abuso.

En el ámbito educativo gallego, la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia cuenta con un protocolo específico para casos de acoso escolar y situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los menores, pero casos como el de Ourense evidencian que aún existen importantes desafíos en la detección temprana y en la respuesta institucional ante este tipo de situaciones, especialmente cuando el presunto agresor es una figura de autoridad o goza de prestigio social en la comunidad.