Las grietas de la lucha contra la violencia machista en 2025

El año 2025 deja un balance ambivalente en la lucha contra la violencia machista en España: importantes avances normativos conviven con fallos estructurales que vuelven a situar la seguridad de las mujeres en un terreno de incertidumbre. El despliegue legislativo no siempre ha ido acompañado de medios suficientes, ni de una perspectiva centrada en las víctimas, sino que en ocasiones ha evidenciado una lógica institucional más preocupada por cumplir compromisos formales que por garantizar protección efectiva.

Uno de los episodios más reveladores ha sido la polémica en torno a las pulseras telemáticas para agresores. Las absoluciones derivadas de fallos en el Sistema Cometa, alertadas por la Fiscalía, ponen de manifiesto una realidad incómoda: cuando la tecnología falla, quienes asumen el riesgo no son las instituciones, sino las mujeres. Aunque el Ministerio de Igualdad ha insistido en que las incidencias fueron puntuales y que las víctimas estuvieron “siempre protegidas”, lo cierto es que la activación de protocolos de emergencia y la necesidad de auditorías posteriores evidencian una fragilidad preocupante en un sistema que debería ser infalible.

Una cuestión prioritaria y de Estado

De este modo, el episodio refuerza una crítica recurrente: la protección frente a la violencia machista no puede descansar en soluciones técnicas sin garantías absolutas ni en discursos vacíos a posteriori. La lucha contra la violencia machista ha de ser una cuestión de Estado, de derechos humanos, y cualquier fallo institucional —por pequeño que se califique— tiene consecuencias reales sobre la vida y la libertad de las mujeres.

En paralelo, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha supuesto un respaldo político amplio, pero su ejecución avanza de forma desigual. Que solo algo más de la mitad de las medidas estén en marcha plantea dudas sobre la voluntad real de transformar el marco de protección en resultados tangibles. Especialmente relevante es el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que supone un avance simbólico y penal al reconocer esta forma extrema de violencia como delito autónomo. Sin embargo, magistrados expertos en violencia machista lleva años advirtiendo de que la tipificación penal, por sí sola, no evita el daño si no va acompañada de prevención, detección temprana y recursos suficientes para madres y menores.

Otro de los grandes hitos de 2025 ha sido la ampliación de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Sobre el papel, esta reforma responde al Convenio de Estambul y refuerza la idea de especialización judicial. En la práctica, sin embargo, ha despertado una fuerte contestación entre magistrados y magistradas que alertan de colapso, retrasos y pérdida de atención personalizada. Asimismo, esta tensión revela un problema de fondo: no basta con ampliar competencias si el sistema judicial no se refuerza de manera proporcional. De lo contrario, la especialización corre el riesgo de convertirse en saturación, y la promesa de una justicia más sensible a las mujeres puede diluirse en procedimientos lentos y deshumanizados.

De cara a 2026, los retos pendientes evidencian las resistencias estructurales que siguen marcando la agenda de igualdad. La falta de una ley integral contra la trata, el bloqueo político de la abolición de la prostitución y la dificultad para avanzar en una ley contra la violencia económica muestran hasta qué punto las violencias más invisibilizadas —las que sostienen la desigualdad material y la explotación— siguen encontrando obstáculos cuando cuestionan intereses económicos, equilibrios institucionales o consensos frágiles.

En definitiva, 2025 ha sido un año de avances legislativos , pero también de recordatorios incómodos: sin recursos, sin coordinación real y sin poner la vida de las mujeres en el centro, las leyes corren el riesgo de convertirse en promesas incompletas. El feminismo vuelve a señalar lo esencial: la protección no se mide por el número de normas aprobadas, sino por la capacidad del Estado para no fallar cuando una mujer está en peligro.