La odisea burocrática de una anciana del 86 años tras ser declarada fallecida oficialmente
La Registro Civil declaró por error fallecida a I.C.M. en lugar de a su hijo, provocando la suspensión de su pensión y la invalidez de su DNI justo antes de un viaje programado
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Una mujer melillense de 86 años ha sufrido un insólito error administrativo al ser declarada oficialmente fallecida por el Registro Civil de la ciudad autónoma, cuando en realidad quien había muerto era su hijo. El grave fallo burocrático, ocurrido el pasado 26 de marzo de 2025, ha desencadenado una serie de complicaciones para I.C.M., entre ellas la suspensión inmediata de su pensión y la anulación de su Documento Nacional de Identidad.
Según ha relatado Juan José Florensa, hijo de la afectada, el error se produjo cuando acudieron a tramitar el certificado de defunción de su hermano E.F.C. "El Registro Civil es el organismo que comunica a la Seguridad Social el fallecimiento de una persona para evitar fraudes, pero, tras cometer el error, no se encargaron de rectificar ante el resto de organismos afectados", ha explicado Florensa, quien ha tenido que presentar documentos como la Fe de Vida para demostrar que su madre continúa con vida.
Un calvario burocrático en pleno duelo
La familia ha presentado una queja formal contra el Registro Civil de Melilla por los graves perjuicios causados. El impacto no ha sido solo económico y administrativo, sino también emocional: "Al dolor por la pérdida de un ser querido se ha sumado un auténtico calvario administrativo", ha lamentado el hijo de la afectada.
La situación resultó especialmente problemática porque madre e hijo tenían previsto un viaje a Madrid, lo que hacía imprescindible contar con un DNI válido para embarcar. Afortunadamente, la familia encontró ayuda en la Unidad de DNI y Pasaportes, donde los funcionarios actuaron con celeridad para resolver la emergencia.
Solución de emergencia
Florensa ha querido expresar públicamente su agradecimiento a los funcionarios de la Oficina del DNI de la Jefatura Superior de Policía de Melilla "por su rápida actuación, que permitió renovar el documento sin coste alguno, dado que se trataba de un error de la administración". Este caso pone de manifiesto cómo un simple error administrativo puede generar graves consecuencias en cadena para los ciudadanos, especialmente para personas mayores dependientes de prestaciones sociales y servicios públicos.
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