El informe de la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) sobre Población y despoblación en España 2016 ha abierto un intenso debate sobre la despoblación que sufren la mayoría de las zonas rurales de España, un país eminentemente rural con más del 85% del territorio considerado como tal. En el caso de Andalucía, esta cifra se incrementa hasta alcanzar el 90%.

La importancia del medio rural viene dada no sólo porque en él se concentra la totalidad de la actividad productiva primaria, sino porque además alberga los espacios naturales, siendo el soporte de unos bienes y servicios ambientales cada vez más demandados por la sociedad, y el depositario de la mayor parte de nuestro patrimonio cultural y artístico.

Más del 85% del territorio nacional es considerado eminentemente rural

Sin embargo, todo este patrimonio territorial común viene experimentando en las últimas décadas un proceso de desarticulación social que es obligado tratar de evitar. Y aunque, en los últimos tiempos, por ejemplo en Andalucía, se ha reducido la tendencia migratoria hacia zonas urbanas, aún persiste en muchas comarcas rurales un problema de despoblamiento y de alto grado de envejecimiento.

La pérdida de población rural, menos acentuada en nuestra región que en el resto de España, se debe a múltiples factores entre los que mencionaría la baja tasa de natalidad y la escasez de servicios públicos vinculados con la educación, sanidad, comunicaciones, etcétera.

Afrontar un problema de esta envergadura pasa por fortalecer el tejido económico y el empleo pero además tiene que ver con el mantenimiento de escuelas, con la posibilidad de disponer de atención médica o de contar con servicios de apoyo a los mayores, al igual que con las infraestructuras de comunicación, incluido el acceso a internet. Y es aquí donde las grandes compañías deben dar un paso al frente e invertir en las zonas rurales alejadas de las grandes ciudades, ya que contar con este tipo de servicios es fundamental para fijar la población al territorio.

Durante las últimas décadas, las distintas administraciones públicas han puesto en marcha un conjunto de políticas activas, en gran medida con apoyo europeo a través de la financiación comunitaria, enmarcadas en el contexto de la Política Agrícola Común y que se han concretado en diferentes programas de desarrollo rural. Junto a las políticas rurales hay que destacar los conocidos Planes de Empleo Rural (antiguo PER), que han contribuido a diversificar la economía de las zonas rurales y generar riqueza y empleo, invirtiendo en infraestructuras y servicios públicos permitiendo así que la gente pueda trabajar y vivir dignamente en sus pueblos.

Desde la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) apostamos por un medio rural vivo y con iniciativa convencidos de que las políticas rurales que gestionan los Grupos de Desarrollo Rural en sus respectivos territorios son más necesarias que nunca. Gracias a éstas se ha logrado completar inversiones, modernizar y poner en marcha muchos negocios relacionados con la agroalimentación, artesanía, turismo, restauración, nuevas tecnologías, servicios de proximidad, ganadería, antiguos oficios, etcétera.

Los programas que ejecutan los Grupos de Desarrollo Rural suponen una nueva forma de enfrentar el futuro en las zonas rurales de Andalucía, como un símbolo de la participación social en las decisiones que afectan al territorio donde se vive y trabaja. Es cierto que hay problemas de emigración, de envejecimiento y falta de oportunidades, pero también hay personas más emprendedoras y más capacidad de innovación que en las ciudades.

Es la propia ciudadanía del medio rural la que mejor pueden resolver sus problemas si cuenta con las herramientas necesarias. Y es aquí donde reivindicamos el apoyo de la Administración para impulsar acciones concretas que detengan e inviertan el proceso de abandono y envejecimiento que sufre nuestro medio rural.

En este sentido, consideramos que la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, supondría un importante factor de cambio en el medio rural, contribuyendo a la puesta en marcha de iniciativas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente en aquellos territorios que más lo necesitan. Para ello es necesario activarla dotándola de los suficientes recursos económicos.

Igualmente, la ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias, que hay que dinamizar, constituye una excelente oportunidad al dar a las mujeres del medio rural el estatus que merecen, de modo que gocen de una igualdad de derechos efectiva respecto a los hombres a través del reconocimiento jurídico y económico derivado de su participación en la actividad agraria, ya que el trabajo de las mujeres sigue entendiéndose más bien como una ayuda familiar que complementa a la renta principal y no como una aportación económica efectiva.

Y es que difícilmente se podrá conseguir un verdadero desarrollo del medio rural si no tenemos en cuenta e incluimos a nuestras mujeres rurales que suponen, prácticamente, la mitad de la población que lo habita. Para ello, es necesario contribuir a su empoderamiento facilitándoles las herramientas y recursos necesarios.

Antes de concluir, quiero transmitir que el mundo rural requiere, además de apoyo, de muchos esfuerzos para cambiar la forma en que lo percibimos porque presta un servicio a la sociedad de inestimable valor que no siempre se reconoce suficientemente.