La Cámara de Cuentas de Andalucía remitirá al Tribunal de Cuentas un informe sobre el desfalco en las arcas municipales de San Fernando (Cádiz) en el que apunta que los ex alcaldes andalucistas Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno -ahora en las filas del PP- podrían ser responsables civiles subsidiarios. El órgano fiscalizador reclama un total de 9.472.271,10 euros a los dos ex funcionarios del Ayuntamiento isleño imputados por el robo millonario de la caja municipal descubierto en abril de 2009, Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis, a los que considera responsable directos del alcance detectado en las arcas públicas.

La Cámara de Cuentas también incluye en esa responsabilidad subsidiaria, del mismo modo que a los dos ex regidores, al actual interventor (y anterior tesorero), José Antonio López Fernández; su antecesor en el cargo, ya jubilado, Rafael Monzón Ristori; y la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero. Todos ellos acudieron ayer a la Cámara de Cuentas, en Sevilla, donde se les dio traslado de dicha propuesta de liquidación en la que se plantean las responsabilidades contables para toda la cadena de mando que se extiende desde los regidores hasta los funcionarios que trabajaban en la caja municipal pasando por los técnicos con habilitación de carácter nacional que se encargaban del control, supervisión y fiscalización de las cuentas.

El proceso pasará ahora a manos del Tribunal de Cuentas, donde se determinará definitivamente si existen responsabilidades contables -directas y subsidiarias- y si, efectivamente, éstas recaen sobre las personas a las que apunta el órgano fiscalizador andaluz en la fase de instrucción.

La cantidad de 9,4 millones de euros fijada por la Cámara por las responsabilidades contables corresponde a la suma de la cuantía en la que se cifra el alcance -7.790.515,79 euros- más los intereses legales, que ascienden a 1.681.755,31 euros.

Los dos funcionarios imputados, a los que se considera responsables directos en el proceso contable, tendrán que hacer frente a esa cantidad de 9,4 millones de euros con su propio patrimonio si el Tribunal de Cuentas ratifica la propuesta de liquidación planteada por Sevilla. No obstante, en el caso de que ambos se declararan insolventes -como presumiblemente ocurrirá- serían las personas que responden subsidiariamente las que tendrían que hacer frente a esta millonaria cuantía.