El sector de las energías renovables está que arde. El motivo es un decreto para racionalizar el sistema de primas, que el Ministerio de Industria espera aprobar antes de final de junio. Al Gobierno no le salen las cuentas con las energías limpias, uno de los principales componentes de la economía sostenible que propugna el presidente Zapatero. El año pasado, sin ir más lejos, las primas a las instalaciones de energía de régimen especial, que incluyen renovables y cogeneración, llegaron a 6.215 millones de euros. Esta cifra, más de un billón de pesetas, supera con creces los 4.000 millones previstos inicialmente por el Gobierno, con una desviación del 55%.

Hace tiempo que el Ministerio de Industria sabe que el sistema de incentivos que creó para las energías renovables es insostenible: así lo reconocía en un decreto de 7 de mayo de 2009. Era una manera de admitir que se equivocó cuando fijó las primas para el sector, con cargo a la tarifa. Por eso intentó cambiar las reglas para la instalación de plantas de energía termosolar. A pesar de los amplios requisitos exigidos en ese decreto de mayo, y del breve plazo que dio para la entrega de la documentación, se encontró con una serie de solicitudes que sumaban 4.300 megavatios (MW), cuando la idea inicial de la Administración era primar sólo los primeros 500 MW. En octubre intentó derogar el decreto de mayo con una aprobación en el Senado, más tarde revocada en el Congreso. Y ahora prepara otro decreto con el que revisará todo el sistema de primas existente hasta el momento.

Los lobbies energéticos, tanto de la industria clásica, como de la moderna, andan revueltos. Y enfrentados. El Gobierno intenta equilibrar la producción procedente de fuentes limpias, con la de las tradicionales. Y sigue empeñado en eliminar el déficit de tarifa, la diferencia entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico. Ese déficit tarifario también se disparó el año pasado hasta los 4.616 millones, frente a los 3.500 previstos por el Gobierno. A finales de abril, cuando se presentó la nueva marca comercial de la compañía, los máximos ejecutivos de Gas Natural Fenosa reclamaron una subida de la tarifa eléctrica del 20%, para acabar con el déficit de tarifa.

Las normas para las energías renovables tienen una particular incidencia en Andalucía; como puede verse en el cuadro adjunto, la previsión es que la mitad de la potencia instalada en España en energía termosolar esté en Andalucía en 2020. Del total de 60 plantas termosolares construidas, en construcción o preasignadas, sólo una de Lérida está fuera de la mitad sur de España. Y 22 están ubicadas en Andalucía, esencialmente en las provincias de Sevilla (11) y Córdoba (6), seguidas por Granada (3) y Cádiz (2). En cuanto al total de la potencia instalada de renovables en la región, incluida la energía hidroeléctrica, era de 4.420 MW a final de 2009, con un liderazgo absoluto de Cádiz sobre las demás provincias: 1.257 MW, más del doble que Granada o Málaga, que le siguen a continuación.

Dentro de sus intentos de calmar al sector, el Ministerio organizó hace pocas semanas tres reuniones separadas con las asociaciones que representan a las energías eólica, fotovoltaica y termosolar. En esos encuentros el ministro explicó que no habrá retroactividad en el decreto que prepara su departamento. Para Industria eso significa que no habrá que devolver las primas que se han cobrado hasta ahora. Pero eso no quiere decir que no se vayan a recortar. Un portavoz del Ministerio ha declarado a este diario que eso no está decidido; pero todo hace pensar que habrá recorte, para adaptar las tarifas a la realidad. Fuentes oficiosas apuntan que la tarifa única para la eólica podría rondar los 78 euros por megavatio hora. Y en la propuesta, el recorte para la fotovoltaica estará en una horquilla de entre el 25% y el 40%.

Luis Crespo, secretario general de Protermosolar, que estuvo en una de esas reuniones en el Ministerio, considera importante que se haya iniciado un diálogo. Protermosolar es una asociación nacional, con sede en Sevilla, que agrupa a 95 empresarios del sector. Crespo destaca que de los 6.215 millones de prima para el régimen especial, "entre una cuarta y una quinta parte van a parar a las plantas de cogeneración con gas natural". Y, en defensa de las renovables, añade que la entrada de las renovables abarata el pool que marca el precio energético, lo que habría que descontar del montante de las primas.

La Administración hizo el pasado mes de diciembre una preasignación de plantas termosolares futuras por una potencia total de 2.400 MW. Fuentes del sector se quejan de que quienes han presentado la documentación para solicitar nuevas instalaciones y no están entre las preasignadas, no saben qué suerte ha corrido su demanda.

Entretanto, el Gobierno intenta conseguir un pacto energético con las demás fuerzas políticas. Lo intentó, sin éxito, dentro de las conversaciones de Zurbano. La Comisión de Industria del Congreso pretende llegar a algunas conclusiones antes de final de junio, pero el PSOE y el PP no se ponen de acuerdo. Hasta ahora el presidente Zapatero se había mostrado radicalmente en contra de la energía nuclear y abiertamente favorable a las renovables, a cualquier precio. Pero al ministro Sebastián se le considera menos antinuclear y menos incondicional de las renovables que su presidente.

El ministro y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, se reunieron con representantes de todos los grupos parlamentarios el 29 de abril para debatir sobre las claves de la política energética española para los próximos diez años. El objetivo de ese encuentro era encontrar un consenso en materia energética para el horizonte 2020. En la propuesta de mix energético para la producción eléctrica dentro de 10 años entregada por el Gobierno, las renovables, incluida la hidráulica, pasarían de 40.000 a 74.500 MW, mientras que las nucleares mantendrían su potencia actual de 7.700 MW con la sola eliminación de los 500 de Garoña. Otros cambios significativos son las centrales de ciclo combinado, de gas natural, que pasarían de 29.000 a 37.500 MW. Y las de fuel, que se reducirían de los 7.600 a sólo 1.600 MW en 2020.

Muchas conversaciones y pocas conclusiones de momento. Para Mariano Barroso, presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean), es urgente fijar unas reglas de juego que den seguridad a un sector que vive en vilo en la actualidad. Y en esta época de crisis, no hay nada peor que la inseguridad. Por eso está que arde.