Greenpeace presentó ayer la campaña Recuperemos Andalucía Verde con la que denuncia la "involución" que, en su opinión, ha sufrido la política ambiental de la Junta de Andalucía, que ha permitido amparar algunas de las agresiones ambientales más importantes de España y de Europa.

Para Greenpeace, este "drástico deterioro" explicaría que esta comunidad autónoma haya pasado de destacar por ser "pionera en el respeto y el cuidado" medioambientales a ser uno de los territorios que albergan "algunos de los casos más graves de España e incluso de Europa de maltrato al medio natural".

El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, destacó que el actual Gobierno andaluz "sólo da importancia al medio ambiente a nivel de imagen", por lo que esta campaña se centra en siete ejemplos de deterioro ambiental "de especial gravedad".

El primer caso es la "arbitraria" aplicación de la Ley de Costas para permitir la construcción del polígono industrial de Las Aletas en un espacio protegido de Puerto Real, paralizado por el Tribunal Supremo pero que la Junta de Andalucía mantiene.

Las contaminaciones industriales en la Bahía de Algeciras y en Huelva son otros dos graves conflictos ambientales permitidos por la Junta, según Greenpeace, organización que también incluye en esta campaña de denuncia la ampliación del puerto de Tarifa, que tendría un gravísimo impacto en uno de los ecosistemas más valiosos de Europa.

Las malas prácticas forestales de la papelera Ence en espacios protegidos de la provincia de Huelva, que le han supuesto la apertura de ocho expedientes sancionadores "que la Junta de Andalucía tiene paralizados", es otro ejemplo denunciado por estos ecologistas.

El hotel de El Algarrobico, construido en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) y cuya demolición se ha aplazado en esta legislatura, o Mina Las Cruces, la mayor explotación de cobre a cielo abierto de Europa en funcionamiento pese a varios expedientes sancionadores, son otros ejemplos seleccionados por Greenpeace para evidenciar el deterioro de la política ambiental andaluza en los últimos años.

Rodríguez deploró ante este panorama que la "pasividad" de los órganos ambientales de la Junta "se evidencie si ningún rubor" y denunció que los gobiernos presididos por Griñán han consolidado un proyecto político en materia medioambiental "que prima el desarrollismo sobre la conservación y que lo justifica todo, por un mal entendimiento de lo que es el desarrollo, basado en políticas fracasadas".