El presidente del PP, Mariano Rajoy, sumó ayer una más a las 108 visitas que en los últimos tres años ha girado a Andalucía. Vino para arropar en su conferencia en el Foro Joly al secretario general de su partido en Andalucía, Antonio Sanz, pero también para marcarle su reto más inmediato: ayudar a Javier Arenas a convertirse en presidente de la Junta y materializar ese cambio político "saludable" que cree que necesita Andalucía y que ve "hoy más que posible".

Con el viento a favor de las encuestas que, como la del Grupo Joly publicada este fin de semana, dan al PP una ventaja de 7 puntos respecto del PSOE y le dejan a las puertas de la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, Rajoy consideró que los populares lo tiene más fácil que nunca para poder poner fin a esos 30 años de hegemonía socialista y demostrar que hay otra forma de gobernar y que puede llevar a Andalucía a estar a la vanguardia del país. Algo en lo que se mostró convencido de que es más que factible, ya que pese a tener esta comunidad el lastre del desempleo, que roza la "inaceptable" cifra del millón de parados, no deja de confiar en su "potencial" para generar "más empleo, más riqueza y más bienestar". Y para ello, tan sólo hace falta ese cambio de gobierno.

Como prueba de esa apuesta por Andalucía del PP, y del valor que electoralmente pueda tener en el futuro inmediato de las consultas municipales de 2011 y, sobre todo, en las autonómicas y generales de 2012, ha sido elegida para acoger los próximos días 21,22 y 23 de enero la Convención Nacional del PP. Una reunión al más alto nivel, que se celebrará en Sevilla, a la que asistirán dirigentes populares de todo el país y en la que se plantearán propuestas de futuro, como las tres últimas que tienen en cartera. Tres medidas que, según Rajoy, habrían evitado "muchos problemas" a los pequeños y medianos empresarios y autónomos, como la no obligación de ingresar el IVA hasta que la factura no esté cobrada; a que los acreedores de las administraciones puedan compensar sus ingresos a la Hacienda Pública, y que el Instituto Oficial de Crédito (ICO) dé un crédito de bajo interés a los ayuntamientos para que paguen las deudas.