Un consejo independiente y no una agencia estatal velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, mientras que las sanciones a los cargos públicos que no respondan a los principios éticos y de buen gobierno ya no las impondrá el Ministerio de Administraciones Públicas, como estaba previsto. Será la Autoridad Fiscal independiente, creada recientemente por el Gobierno, la que ponga en conocimiento de cada administración las infracciones detectadas, para que éstas incoen el procedimiento y en su caso impongan la sanción, que puede llegar a la destitución e inhabilitación del cargo público.

Estas dos concesiones de última hora del Gobierno han llevado a CiU y el PNV a retirar sus enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que ha pasado este jueves su primer examen en el pleno del Congreso, tras un debate de casi cuatro horas. Con 21 votos a favor, 183 en contra y 117 abstenciones, el pleno ha rechazado las enmiendas de devolución de IU, UPyD, Amaiur, BNG y Compromís-Equo y la presentada por ERC con un texto alternativo, con 17 votos a favor, 287 en contra y 16 abstenciones.

El nuevo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno asumirá las funciones que el proyecto de ley atribuye a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Será elegido por la mayoría absoluta del Parlamento con los perfiles de "independencia y especialización" y no podrá ser destituido durante su mandato.

En materia de buen gobierno, el Ejecutivo ha accedido a retirar al Ministerio de Administraciones Públicas la potestad de sancionar a los cargos públicos autonómicos y municipales, y ha optado por la fórmula de que la Autoridad fiscal ponga en conocimiento de cada administración las posibles vulneraciones, para que estas incoen el procedimiento y, si procede, impongan la correspondiente sanción. Novedades anunciadas desde la tribuna de oradores por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, que ha confirmado que estarán incluidas en la ley la Casa del Rey, el Banco de España, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y entidades privadas financiadas de forma "relevante" con fondos públicos, entre las cuales no ha descartado que entre la Iglesia.

El acuerdo entre el Gobierno y el PSOE -que no ha presentado enmienda a la totalidad- y los nacionalistas de CiU y PNV  -que han retirado las suyas- ha sido criticado desde la tribuna por la Izquierda Plural. "Nosotros mantenemos nuestra enmienda a la totalidad para no ser engañados. Otros han decidido probar suerte y estarán rezando a la Virgen de Lourdes", ha dicho el diputado de IU Joan Josep Nuet. También el representante de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha afirmado que "no se fía" de las promesas del Gobierno y ha denunciado la "falta de transparencia" en la negociación parlamentaria.

En su réplica, la vicepresidenta le ha advertido: "Cuando aprobemos esta ley puede que algunos pierdan bastante de su discurso, pero habremos avanzado en la democracia", a lo que él ha contestado que UPyD "practica la transparencia desde que nació". Saénz de Santamaría ha calificado de "incongruente" e "incoherente" la posición de los grupos que han pedido la devolución del proyecto al Gobierno al tiempo que consideran imprescindible que España tenga una ley de transparencia. "Si estamos haciendo tanto el ridículo institucional por no tenerla, no entiendo que me pidan que la retiremos", les ha espetado, y ha asegurado que la retirada del proyecto les "condenaría a que no hubiera ley esta legislatura".

Otro de los rifirrafes del debate lo han protagonizado la vicepresidenta y el diputado de ERC Alfred Bosch, cuando éste ha aludido a las "tarjetas de crédito" que tiene guardadas, y ella le ha exigido que retirara esa afirmación. En nombre del PSOE, Meritxell Batet ha justificado la abstención de su grupo en que el Gobierno ha expresado de forma explícita su disposición a negociar y ha recordado que una de sus principales reticencias era la potestad sancionadora que otorgaba el texto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tras el debate, los grupos tienen de plazo hasta el 11 de junio para registrar sus enmiendas parciales y a partir de entonces comenzarán los trabajos en la ponencia con el objetivo aprobar la ley en julio en el Congreso y antes de final de año en el Senado.