La Generalitat de Cataluña financia y colabora con una asociación que ha presentado ante la Organización de Naciones Unidas una denuncia contra España por torturas en las detenciones de los miembros de ETA. Se trata de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que presentó un informe en el que se concluye que la "tortura es un serio problema en España en relación a los detenidos incomunicados", en referencia a los detenidos acusados de integración en la banda terrorista.

El escrito, que fue encargado por Joseba Azkárraga cuando era consejero de Justicia del Gobierno vasco en la anterior legislatura, puede ser tenido en cuenta en el examen del quinto informe periódico sobre España, que tendrá lugar del 2 al 20 de noviembre en la Comisión Contra la Tortura de Naciones Unidas en Ginebra.

La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos colabora con la Generalitat de Cataluña, tal como refleja su página web, en la que figuran colaboradores como el Departamento de Interior a través de la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos y la Agencia Catalana para la Cooperación al Desarrollo.

Según publicaba en mayo de 2007 el DOGC (el BOE catalán), la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo le concedió en 2006 una subvención de 80.000 euros, con la finalidad de crear un "marco de colaboración para fomentar el proceso de codificación jurídica de Derecho Humano a la Paz, enfocado en el proceso de codificación de la ONU; de crear una institución física o virtual pero estable referida al derecho humano a la paz".

El citado trabajo, desarrollado por cinco médicos y dirigido por el profesor de Medicinal Legal de la UPV, Benito Morentín, se titula: Documentación de la tortura en detenidos incomunicados en el País Vasco desde el 2000 al 2008: abordaje científico. Fue encargado y pagado por la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. En el informe se carga contra la "incomunicación de los detenidos" -precisamente una de las batallas que plantean todas las asociaciones vinculadas a ETA en Naciones Unidas-, alegando que este es el momento en el que se produce el mayor número de casos de malos tratos; afirma que de los 1.231 detenidos en relación con ETA entre 2000 y 2008, 957 fueron incomunicados. De ellos 634 alegaron malos tratos o tortura y 634 personas interpusieron denuncia judicial.

Además, entre sus 88 páginas, se desgranan numerosos datos de denuncias para concluir que, de los 289 testimonios recogidos, los métodos más frecuentes son: golpes, posición anómala o forzada, plantón, exposición a ruido, asfixia por bolsa y extenuación física, entre otras. Los autores del texto señalan a la Guardia Civil como la que tiene más incidencias de este tipo y exculpan a la Ertzaintza.

La Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas ha colgado ya el citado dictamen en su página web, donde además, se pueden consultar informes que han remitido otras asociaciones vinculadas al mundo de ETA y Batasuna.