-Dice que el Parlamento Europeo (PE) padece un "clamoroso déficit de visibilidad" para el gran público. ¿Cómo se arregla esto?

-Me empleo a fondo para combatirlo y lo considero el primer desafío de mi trabajo. No es democráticamente sostenible ni soportable que el Parlamento más poderoso de la historia de la Unión Europa sea votado sólo por el 30% de los ciudadanos. Allí estamos decidiendo a diario sobre asuntos principales de la vida cotidiana y ahora lo hacemos con capacidad legislativa. Es imprescindible romper todas las barreras de comunicación interpuestas y movilizar a los ciudadanos desde la conciencia de que la política importa. Junto al terrible impacto económico y social de la crisis hay un impacto político que debe preocupar a quienes tenemos responsablidad política. No puedo aceptar que se diga a la gente que la política es irrelevante, ni que se diga que mandan los mercados.

-Resulta chocante que el Presupuesto del PE haya crecido un 3% con la que está cayendo.

-Sí, pero lo bueno es que, por primera vez en la historia, el PE es decisivo a la hora de adoptar tratados internacionales en nombre de la Unión Europea, pues antes se negociaban de espaldas a la representación de la ciudadanía. Por primera vez en la historia, el PE es legislador. Y por primera vez en la historia, no sólo influye, sino que también decide sobre las cuentas europeas. El Consejo Europeo no sólo se negaba en redondo a entender el mensaje de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa -que da todos estos nuevos poderes reforzados al PE- no sólo pretendía mantener congelados los recursos presupuestarios de la UE sino que quería reducirlos. Y nosotros decimos que para acometer las ambiciones del Tratado de Lisboa (justicia y seguridad, gestión de fronteras exteriores, asilo y refugio, inmigración, lucha contra el crimen, acción exterior común, etc) y para sacar a Europa del bache y ponerla en el camino del crecimiento y el empleo hacen falta unos presupuestos a la altura.

-La presidencia semestral ha empezado con mal pie en Hungría con su ley mordaza de prensa en ristre. ¿Es usted partidario de sanciones al país magiar?

-El PE no puede consentir que se adopten medidas liberticidas y represivas del pluralismo y no va a cerrar los ojos ante la ola de populismo bajo el que se encubren los peores impulsos de la nueva extrema derecha europea. Nadie ha hablado de sanciones, aunque el Tratado de Lisboa las contempla.

-Cuando usted habla de populismo vienen a la cabeza las expulsiones de gitanos rumanos en Francia, un buen caldo de cultivo para la xenofobia. Y, para colmo, Sarkozy dio a entender que le daba igual la condena del PE...

-No, no. La secuencia de los hechos prueba lo contrario: que el PE cumplió con su deber diciéndole al Gobierno de Francia que no son aceptables esas discriminaciones de ciudadanos europeos sobre la base de su pertenencia a una minoría étnica. El PE hizo su trabajo independientemente de lo que hicieran por su carril la Comisión y el Consejo. Y ese trabajo no fue inútil, porque el Gobierno francés se vio obligado a presentar alegaciones y a corregir las medidas más groseramente lesivas contra los derechos de los gitanos rumanos y búlgaros.

-¿Es preocupante el auge de la extrema derecha en Europa?

-Es un problema de primera magnitud. El primer deber de los progresistas europeos es rearmar la política para frenar el avance del populismo y lo que representa: la banalización de la democracia y la infantilización de la sociedad. La extrema derecha está rampando elección tras elección. La razón es simple: la desmovilización de los progresistas. Los votantes de la derecha reaccionaria están muy movilizados, pero no son más.

-¿Se han resentido las relaciones con Marruecos, socio preferente de la UE, tras el violento episodio en El Aaiún?

-En absoluto, pero hemos exigido al Gobierno marroquí una investigación exhaustiva, que depure responsabilidades y que respete los derechos humanos en el Sahara.

-Pero da la sensación de que la reacción tanto de la UE como del Gobierno español ante Rabat es tibia, sin una crítica directa.

-Criticar la acción de un Gobierno en ningún caso es condenar a un país. Lo que hay que condenar es la violencia que se desató. El cese de esa violencia es indispensable para que la diplomacia resuelva un conflicto que se arrastra desde hace demasiado tiempo. Además, los estándares políticos de los países de la orilla sur del Mediterráneo no son comparables a los de la UE, ni en Marruecos, ni en Libia, ni en Argelia, ni en Túnez, ni en Egipto. Pero son nuestros vecinos y debemos colaborar desde un esencial respeto mutuo, sin dejar de afirmar principios irrenunciables como el respeto a los derechos humanos.

-Estamos en año electoral. El retroceso del PSC en las catalanas puede ser sintomático. ¿Teme una debacle socialista en las municipales y autonómicas?

-No. Y voy a combatir con todas mis energías y convicción para salir al encuentro de millones y millones de electores progresistas que quieren escuchar las razones y motivos del Gobierno de España, que está haciendo los deberes con enorme coraje y con gran sacrificio personal por parte del presidente de un Gobierno que está sufriendo unas dificultades que no habíamos conocido desde la Transición.

-Usted fue uno de los que catapultó, desde Nueva Vía, a Zapatero al puente de mando del PSOE. ¿Hay que seguir apostando por él?

-La política es un trabajo de equipo. Nadie es imprescindible y todos somos necesarios. Un líder no es reinventable, no se hace de la noche a la mañana. José Luis Rodríguez Zapatero sacó al partido del bache, lo devolvió al Gobierno, nos ha dado dos victorias consecutivas y por eso la peor derecha de este país le ha demonizado tanto. Tengo enorme reconocimiento a su trabajo.

-¿Qué tiene que decir sobre esas filtraciones de Wikileaks según las que como ministro de Justicia prometió en 2005 al embajador de EEUU que el Gobierno pondría trabas al proceso contra los tres militares implicados en la muerte del cámara José Couso en Iraq?

-Lo desmiento categóricamente. Se trata de una versión interesada y de parte de funcionarios de la Embajada estadounidense para complacer a sus jefes y dar la sensación de que sus gestiones son efectivas. El Gobierno respetó la legalidad y no admitió ninguna presión.