La empresa Odyssey ha sufrido otro nuevo revés judicial al ordenar un juez estadounidense que el tesoro del caso del Cisne Negro sea devuelto a España en un plazo de diez días. Steven D. Merryday, el magistrado del tribunal de Tampa (Florida) que lleva el caso, emitió el martes una orden que "reafirma al cien por cien la posición de España" sobre la propiedad de todo lo encontrado en el lugar del hundimiento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, explicó el abogado James Goold, que representa los intereses del Gobierno español.

La orden rechaza también las pretensiones de Perú, que reclamaba la propiedad de los objetos encontrados -la mayoría monedas de plata- alegando que provenían de allí. El fallo del juez Merryday establece que todo lo hallado en el lugar del hundimiento, en aguas del Estrecho de Gibraltar, es de soberanía española.

Odyssey anunció ayer que apelará a una nueva instancia judicial contra esta decisión que le obliga a entregar a España un tesoro valorado en 500 millones de dólares (unos 350 millones de euros). El presidente de la compañía cazatesoros, Greg Stemm, explicó en un comunicado que su empresa acudirá al Undécimo Tribunal de Apelaciones, con sede en Atlanta (Georgia), para evitar este movimiento. "La decisión del juez implica que podemos acudir rápidamente al Tribunal de Apelación, donde estamos convencidos que el asunto legal está claramente a nuestro favor", dijo. Y es que Odyssey ha sostenido en todo momento que no hay pruebas definitivas de que el objeto estuviera en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes y que, aunque así fuese, el buque estaba en una misión comercial y no militar cuando se hundió en el Atlántico, muy cerca de la costa portuguesa, en 1804.

En el mismo comunicado, Stemm destacó que esta decisión no afecta al resto de las operaciones que lleva a cabo la empresa en otros lugares. De esta manera Stemm emitió un mensaje de tranquilidad a los accionistas de su empresa, que este año ha perdido un 54% de su valor en la bolsa de Nueva York.

Este fallo confirma la decisión previa del juez Mark Pizzo, emitida en junio de 2009 y donde ya se ordenaba a la empresa la devolución y entrega de todas las monedas y objetos extraídos del pecio para su custodia por España. La noticia fue recibida con enorme satisfacción por la parte española. "Las pruebas muestran sin lugar a dudas lo que hemos defendido: que los restos del hundimientos corresponden a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes", señaló Goold. "El barco, la carga y los restos humanos son un patrimonio legal de España", agregó.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno consideró "crucial" en la defensa de los intereses "del patrimonio histórico español" la sentencia del tribunal de Tampa. "Muy satisfecha", María Teresa Fernández de la Vega añadió que, aunque en el momento de hacer estas declaraciones desconocía los términos del fallo, si éste "está a favor de España, no puedo más que expresar mi satisfacción por el hecho de que [el juez] nos haya dado la razón".