LA mayoría de las ciudades del planeta hacen gala de su dignidad. Están seguras de sus instituciones, orgullosas de su historia y capacitadas para tomar sus decisiones. Escuchan las opiniones de voces autorizadas, valoran los consejos y respetan el orden establecido. Pero jamás inclinan la cerviz ante ningún falso profeta que acuda para torcer su voluntad con amenazas de imaginarios castigos divinos.

Una ciudad con dignidad, exige las credenciales de cualquier embajador, examina sus poderes, lo trata con respeto, pero no dobla la rodilla ante nada ni ante nadie. Siglos de identidad le confieren la autoridad y el poder para decidir libremente su destino. Si no se mantiene firme y mueve sus decisiones al soplo de todo el que llega, no sólo perderá la dignidad sino que jamás tendrá un futuro porque su debilidad alentará a sus rivales y enemigos a abortar cualquier proyecto o decisión.

En el caso de la torre Pelli, Sevilla se juega no sólo un edificio más o menos polémico. Está también en juego su dignidad como ciudad. Porque se trata ni más ni menos de la renuncia a sus decisiones para dejar su destino en manos de la opinión de unos intereses foráneos que no dudan en mentir y amenazar para doblegarla. Si ante el primero que llega, Sevilla tiembla y cede tendrá cualquier cosa menos dignidad.

Es evidente que la torre Pelli tiene partidarios y detractores, como cualquier obra de arquitectura. Tan dignos son unos como otros. Según las encuestas, son mucho más numerosos los primeros que los segundos. Según las manifestaciones, son mucho más ruidosos y temperamentales los segundos que los primeros. También es natural que los minoritarios chillen cuanto puedan para hacerse oír y llevarse el gato al agua.

La decisión de construirla podría haber sido adoptada por referéndum, entonces nadie habría dudado de su oportunidad. También podría haberse decidido por el volumen de las pasiones que despierta en sus detractores, y no se hubiera aprobado jamás. Pero su autorización ha sido obtenida de acuerdo con el procedimiento que marca la ley en un estado de derecho. Ha habido planes, informaciones públicas, proyectos, licencias y obra. Ya tiene casi la mitad de su altura levantada. Ya se lleva invertido en ella mucho dinero y mucho trabajo.

Cuando alguien pretende poner en una balanza el interés del promotor contrapesando al de Sevilla, está negando el fundamento institucional de la urbe: todo promotor que reciba una licencia ha sido bendecido por la ciudad y pasa a estar en su mismo plato de la balanza. Si no fuera así, nadie volvería jamás a invertir en Sevilla, porque nunca tendría garantía jurídica de salvaguardar sus inversiones.

Existe estos días un gran revuelo porque la Unesco ha dicho que nos va a condenar al infierno si no tumbamos la torre. ¿Es verdad eso? ¿Se ha preocupado alguien de comprobar la realidad de esa amenaza o vamos a inclinar la cerviz de una de las ciudades más importantes del mundo ante falsos profetas?

Los arquitectos que nos han visitado y han emitido un informe, no son funcionarios de la Unesco. Pertenecen a una ONG, denominada Icomos que fue la que inició la campaña contra la torre desde el primer día, al contar con uno de sus miembros residente en Sevilla en la plataforma enemiga de la obra. Es cierto que Icomos tiene mucha influencia en la Icomos, pero no es la Unesco.

Todos los informes que ha realizado hasta la fecha Icomos se empeñan en fulminar a la torre, pero con el tiempo han ido evolucionando ante la evidencia de que los tres monumentos pertenecientes a los bienes del Patrimonio Mundial no se ven afectados. De hecho, el último, que parece desencadenar el apocalipsis, ya sólo habla de la amenaza de la torre al "contexto histórico próximo". La Unesco sólo aconseja, opina y sugiere en la defensa de los paisajes históricos, no condena. Si encima el informe se vuelve a llenar de "inexactitudes" (afirma que la torre se encuentra a 600 metros del Alcázar, en lugar de los 1.750 reales), o esgrime fotos tomadas desde cubiertas no transitables para acentuar una perspectiva que no existe, no debe hacer temblar el pulso a Sevilla.

La carta que manda un funcionario de la Unesco a nuestro embajador es más de lo mismo. Él no tiene autoridad para decidir nada sobre la capital hispalense. Las decisiones de la Unesco se toman en las asambleas. La torre ha pasado ya por tres y en ninguna se ha vinculado su construcción a la calificación de Patrimonio Mundial de los tres bienes sevillanos, que no se ven afectados. A Sevilla la Unesco no le puede quitar el rango de Patrimonio Mundial simplemente porque nunca lo ha tenido.

No existe ningún dato objetivo que permita pensar que en la próxima asamblea vayan a despojar a nuestros monumentos de su rango porque ni siquiera el informe de Icomos lo propone.

Estoy convencido de que nuestras autoridades defenderán lo mejor para la ciudad, dentro de la ley y con el prisma simultáneo de los intereses patrimoniales, históricos, económicos, laborales y derechos adquiridos. Y que lo harán con la firmeza y sensatez que exige la dignidad de Sevilla.