CATALUÑA ha sido la primera comunidad autónoma en implantar el copago sanitario, que allí será más bien un copago farmacéutico, ya que se cobrará a los ciudadanos una tasa, pero no por acto médico, sino por cada receta que presenten en la botica. Seguramente no será la última.

A partir de junio cualquier catalán que acuda a la farmacia para comprar medicamentos habrá de pagar un euro por receta. Bueno, cualquiera no. Se cobrará el euro a las medicinas que cuesten más de 1,67 y no tendrán que abonarla los perceptores de pensiones no contributivas o de la renta mínima de inserción. Estas exenciones las ha impuesto el PP de Cataluña a cambio de permitir que salgan adelante, gracias a su abstención, los presupuestos de la Generalitat.

Esta postura del PP catalán hace prever que el mismo camino adoptará el PP español, es decir, el Gobierno de la nación. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que tiene hilo directo con Rajoy, ha defendido públicamente otra modalidad de copago farmacéutico: que el precio de las medicinas se fije en función de la renta de cada usuario, y siempre con la misma idea de meter la tijera en los fármacos antes que imponer tasas por una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.

La cuestión del copago -que habría que llamar en sentido estricto repago, puesto que la asistencia sanitaria ya ha sido costeada por la gente a través de los impuestos- ha rebotado con celeridad hacia Andalucía, donde Javier Arenas se ha declarado no partidario y José Antonio Griñán ha asegurado que Arenas lo implantará si gana el 25-M. Es el peor momento para un debate andaluz sobre el copago. Una campaña electoral se caracteriza porque nadie con posibilidades de gobernar dice la verdad y todos atribuyen las más aviesas intenciones al contrincante.

El copago/repago es una medida sobre cuyo carácter antisocial caben pocas dudas: lo que antes era gratuito deja de serlo. Un recorte, sin duda, que ya funciona, con distintas variantes, en muchos países desarrollados en los que, como en el nuestro, el gasto sanitario crece exponencialmente a causa del envejecimiento de la población y el propio progreso de la medicina. Para afrontar esta realidad, que si no es asumida con valentía terminará vengándose de la forma más brutal, se puede seguir aumentando la financiación ordinaria de la sanidad pública -todavía el gasto por habitante es inferior a los países de nuestro entorno-, pero a costa de incrementar el déficit- o buscar ingresos extra haciendo que los ciudadanos vuelvan a pagar por lo que ya han pagado. Con todas las exenciones para las rentas más bajas que se quieran, esta vía es la que se va a recorrer pronto. Y Andalucía no se librará.