EL escándalo de los ERE irregulares y fraudulentos que ha marcado, para mal, la gestión de la Junta de Andalucía en los últimos años se cobró ayer su pieza política más significativa (por el momento). El ex consejero de Empleo Antonio Fernández fue enviado a prisión, sin fianza, por la juez instructora del caso, Mercedes Alaya. Ningún cargo público de este rango había ido antes a la cárcel por presunta corrupción en treinta años de autonomía andaluza.

Fernández hará compañía carcelaria, sin poder verle, al ex director general Francisco Javier Guerrero y a su chófer, protagonistas de las facetas más cutres del caso de los expedientes de regulación de empleo. La juez le imputa los delitos ya tópicos de la corrupción política (prevaricación, cohecho, malversación y falsedad). La falta del tráfico de influencias como imputación delictiva frecuente en este tipo de supuestos se compensa con el fraude en la obtención de subvenciones y las negociaciones prohibidas a funcionarios. Le acusan de seis delitos.

Después de cuatro días seguidos de interrogatorios, el ex consejero Fernández se preguntó en su alegato final: "¿Cómo podría yo haber evitado esto?". Según su abogado, era una confesión sincera de la tortura que le embarga por haber confiado en la gestión de los fondos públicos que hicieron sus subordinados, en vez de vigilarlos y controlarlos. De algún modo, sin embargo, esta pregunta también supone el reconocimiento de que bajo su mandato de siete años se metieron intrusos en los ERE y se benefició a familiares y amigos del PSOE (pero también a trabajadores en crisis de Jerez, su ciudad natal, en mayor proporción que en ninguna otra comarca). Se trata de una admisión de culpa -política, no penal- in vigilando.

Para la instructora y la Fiscalía Anticorrupción, por el contrario, el ex consejero fue uno de los inspiradores y ejecutores de un sistema creado expresamente para disponer de fondos sin control jurídico y administrativo y beneficiar con ellos a determinadas personas, sistema sobre cuya improcedencia avisó repetidamente la Intervención General de la Junta. La lógica hace pensar que en este mismo supuesto se encuentra el consejero de Empleo que precedió a Fernández, el senador socialista José Antonio Viera, que probablemente será el próximo destinatario de las diligencias de la juez y el ministerio público. Y por encima de Viera ya sólo estarían Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

A Antonio Fernández, que dejó el PSOE hace tres meses para evitar que el PSOE lo dejara a él, le acompañó en su entrada en prisión la noticia de que la ejecutiva socialista solicita en el Parlamento la comisión investigadora sobre el caso de los ERE que rechazó varias veces en la anterior legislatura. La puntilla.