REFORMEMOS la Constitución para solucionar el conflicto catalán, repiten los socialistas. Consagremos en la Carta Magna una España federal en la que Cataluña se sienta cómoda, añaden sin precisar.

No es tan fácil. Para empezar, no se puede ni pensar en una reforma de la Constitución sin contar con el respaldo y el impulso del partido mayoritario del país. Ahora no existe. Y en caso de que el PP cambiara de criterio, seguro que, haciéndose eco de una opinión pública crecientemente antiautonomista, propondría recentralizar el Estado, rescatando algunas competencias que actualmente están en manos de las comunidades autónomas. Lo más probable es que si el PP se plantease una reforma de la Constitución sería en la dirección contraria al federalismo.

Para continuar, salvo que triunfe la nueva tesis asimétrica de Manuel Chaves, la apuesta federal del PSOE tendría que partir de la base de la igualdad de derechos y deberes de los territorios que integran España. Al modo de otros estados federales: los estados territoriales (actualmente, comunidades autónomas) pactan disponer de las mismas competencias y dejar algunas de ellas en manos del Estado que los engloba. Ahora bien, ¿eso va a contentar y pacificar a los independentistas de Cataluña? Me temo que no. Ellos lo que quieren es distinguirse, no ser como los otros, que se reconozca su singularidad a todos los niveles (también el fiscal).

Y para terminar, aunque esto es lo que más cuestiona la viabilidad de la salida que recita como un mantra el Partido Socialista. Supongamos que el PP acepta ir por la senda de la reforma constitucional. Supongamos que una Constitución federal cumpliera las exigencias del soberanismo catalán. Es mucho suponer en los dos casos, pero, bueno, hagamos el ejercicio intelectual de superar hipotéticamente estas dos trabas. Queda el mecanismo para continuar el proceso. Lo establece la propia Constitución (artículo 168): al afectar la reforma pretendida al título preliminar (art 1.2, "la soberanía nacional reside en el pueblo español"), hace falta que sea aprobada por dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado, la disolución de ambas cámaras, elección de otras nuevas, aprobación del nuevo texto por dos tercios de Congreso y Senado... y referéndum para su ratificación.

Referéndum que no será sólo en Cataluña, sino en toda España. No existe en la Constitución un derecho catalán a decidir.