Atrapando al fantasma de la educación

LA semana pasada nuestras Cortes han aprobado la reforma de la Educación presentada en su día por el Gobierno con los únicos votos de los diputados del Partido Popular, que modifica la vigente norma aprobada en 2006 que significó en la práctica la continuidad de la política educativa de orientación socialista plasmada sobre todo en la controvertida Logse de 1990. Ahora sí, la derecha española ve cumplido su deseo de reformar nuestro sistema educativo tras la non nata LOCE del último gabinete de Aznar, aunque sea de la mano de su ministro más polémico y peor valorado.

Y no parece que la situación no lo demande. Sólo hay que echarle un vistazo a los informes de los organismos internacionales (el informe PISA, el Eurostat, los informes de la OCDE…) para colegir que la educación en España adolece de defectos crónicos que necesitan remedio urgente. Cuestiones como la tasa de abandono escolar muy superior a la europea, la baja tasa de titulados en ESO, los pocos alumnos excelentes o la falta de atención y autoestima de los docentes salen a relucir con frecuencia.

La reforma se marca como objetivos declarados la superación de estos déficits mediante la introducción de una serie de medidas, entre las que destacan la simplificación del currículo de asignaturas, la flexibilidad de trayectorias, las evaluaciones externas, la mayor autonomía y especialización de los centros, la potenciación de la formación profesional (auténtico patito feo del sistema) o el incentivo del esfuerzo. En general, medidas razonables aconsejadas además por organismos internacionales especializados.

Comparto algunas de las medidas que plantea la reforma como la potenciación de las asignaturas importantes y el conocimiento de otras lenguas, las evaluaciones externas (tan temidas por quienes temen quedar retratados) o la nueva orientación de último curso de la ESO. Valoro también la valentía a la hora de poner coto a los abusos de Cataluña y el País Vasco en el tratamiento del castellano (la llamada recentralización que le reprochan los nacionalistas) en un continuo, flagrante e impune incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Y si las medidas apuntadas son lógicas y una gran parte de la comunidad educativa lleva tiempo exigiéndolas, cabría preguntarse: ¿a qué vienen tantas protestas y manifestaciones, que han puesto al propio ministro y por extensión al Gobierno al borde del precipicio, o al menos de la rectificación? La respuesta hay que buscarla sobre todo en los intereses, complejos y prejuicios de los distintos partidos políticos y los agentes sociales que los rodean, sin olvidar nuestro endémico desinterés por la educación como valor superior que inspira y condiciona el propio devenir de los todo lo demás (véanse las encuestas periódicas del CIS sobre las preferencias de los españoles).

Como era de esperar, la iniciativa legislativa no ha tardado en ser contestada por la oposición sin escatimar los adjetivos: partidista, conservadora, mercantilista, neoliberal, clasista, sexista, clerical, segregadora… Se diría que a nuestra izquierda se le han aparecido todos sus fantasmas, en un ejercicio de igualitarismo no exento de cierta demagogia, como si los considerados herederos naturales de Fernando de los Ríos fueran los únicos con legitimidad para abordar este tema, una suerte de complejo de superioridad sin noticia de asunción de responsabilidades. Lo que ocurre es que la herencia de éste y otros prohombres de la Institución Libre de Enseñanza sigue yacente, ayuna la educación española (y no digamos la andaluza) de la excelencia y rigor que defendía aquélla. Como le leí no hace mucho al siempre lúcido Antonio Muñoz Molina, "en la izquierda, cualquier crítica del estado actual de la educación activa como un anticuerpo la acusación de nostalgia del franquismo".

Pero no sólo la izquierda es víctima de sus fantasmas. No termino de comprender la postura rígida del Gobierno en algunas cuestiones ni cierta predisposición de su ministro a encrespar los ánimos sin motivo. Cuando la ocasión no podía ser más propicia para arrebatarle a la izquierda ese papel hegemónico, su falta de habilidad y poca cintura política en materias menores sobre las que tenía a priori margen de maniobra, haciendo prevalecer las posiciones más conservadoras del partido, ha terminado por derivar la cuestión hace donde menos convenía.

En cualquier caso, dejemos que el tiempo haga su trabajo. Quiero ser optimista y pienso que, con sus inconvenientes, la nueva ley posiblemente mejorará a la anterior. Pero no nos engañemos. La cuestión tiene una dimensión mayor que la estrictamente legal y, como repite el filósofo José Antonio Marina, la educación es responsabilidad de todos. Y mientras la sociedad no tome verdaderamente conciencia de ello y se dejen aparcados intereses y sectarismo, la Educación en España será siempre un problema irresoluble.