EL 11 de septiembre de 2014 se pretende celebrar por los nacionalistas el trescientos aniversario del asedio a Barcelona por las tropas de Felipe V. La conmemoración incluiría la celebración de un referéndum que derivase hacia un proceso de secesión de España y la constitución de un nuevo Estado Catalán.

Hasta 2004 España dispuso de un modelo autonómico que funcionaba razonablemente. En él Cataluña jugaba un papel importante en la gobernación general del Estado. La máxima autonomía dentro de la unidad del Estado fue la regla general de la reafirmación política de Cataluña como entidad territorial y política. Así sucedió en tiempos de la I República con Pi i Margall. Y también en la Restauración canovista con la Lliga Regionalista, las Bases de Manresa y Solidaridad Catalana. La creación de la Mancomunidad de Municipios a principios del siglo XX fue un momento simbólico importante como lo fue también la declaración unilateral de independencia del Estat Català en 1873 y dos veces más en el marco de la II República (1931 y 1934).

La Constitución de 1978 volvió la vista hacia la republicana de 1931 estableciendo el derecho a la autonomía a través del principio dispositivo. Pudieron así constituirse en comunidades autónomas "los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía". Una vía privilegiada para alcanzar con rapidez el máximo techo competencial y reinstaurar las instituciones de autogobierno.

La Constitución de 1978 fue aprobada en Cataluña por el 90% de los votos válidos emitidos. Funcionó, pues, la movilización popular en torno al lema de "libertad, amnistía y Estatut de Autonomía". La pregunta es: ¿Qué ha sucedido en estos 35 años para que se haya incrementado notablemente el desapego hacia España?

Como partido bisagra y garante de la gobernabilidad en Madrid, CiU ha disfrutado de una sobrerepresentación política que le ha permitido, a cambio de estabilizar gobiernos minoritarios, incrementar el haz de competencias de Cataluña y que ésta se redefina como sujeto político en virtud de ciertos derechos históricos.

Esta socialización política en valores nacionales ha sido posible en virtud de las políticas de inmersión lingüística llevadas a cabo por los gobiernos de Pujol y Mas, consolidando el catalán como lengua vehicular en la enseñanza, en las administraciones públicas, en los medios de comunicación, con abandono de la cooficialidad constitucional de lenguas. Por otra parte, el uso de los símbolos exclusivos de Cataluña se ha generalizado en las instituciones públicas y privadas, en perjuicio de los elementos de identidad españoles que prácticamente han desaparecido (banderas, himno, escudo etc.).

La enseñanza de la historia común de España ha sido sustituida por otra donde Cataluña aparece oprimida en sus libertades por el Estado español. Además, se ha extendido con rapidez la idea de que Cataluña aporta demasiado a la solidaridad interterritorial. Por ello se incluyó en el nuevo Estatuto de Autonomía de 2006 el "principio de ordinalidad" y por ello se reivindica la publicación de las balanzas fiscales en un intento de demostrar que Cataluña aporta más que ingresa del conjunto del Estado.

La frustración por el autogobierno con esta Constitución tuvo su origen en la última reforma estatutaria y en la sentencia del Tribunal Constitucional. Poco importa que en el texto hayan sobrevivido la apelación a ciertos derechos históricos, una suerte de co-soberanía estatutaria y la mención en el Preámbulo de Cataluña como "nación". La sensación de frustración ha crecido. Al punto de que con motivo de la reforma constitucional del artículo 135 el Parlament decretó el fin del consenso constitucional al declarar que la reforma "abre una nueva etapa en las relaciones entre Cataluña y España".

A finales de 2011 los observadores políticos dedujeron que la presión nacionalista pretendía conseguir para Cataluña un "concierto" fiscal similar al que disfrutan el País Vasco o Navarra. Sin embargo, los acontecimientos se han precipitado. La declaración soberanista del Parlament, la preparación de nuevas estructuras estatales y la convocatoria del referéndum para 2014 han propiciado una situación de difícil reversión.

El referéndum que los "segregacionistas" reclaman está fuera del ámbito de disposición de las competencias asumidas por el Estatuto de Cataluña. Más aún, el artículo 192 del Estatuto lo excluye expresamente al considerarlo competencia exclusiva del Estado. Recuérdese que el art. 92 de la Constitución, desarrollado por la ley de referéndum, le confiere exclusivamente carácter consultivo, además de exigir que sea convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, teniendo como cuerpo electoral la ciudadanía de todo el territorio nacional. Todo un embrollo monumental con el que Cataluña se encamina directamente al precipicio de la historia.