HAY quienes están interesados, especialmente en ciernes de cualquier campaña electoral, en resucitar el debate sobre la gestión y la competencia sobre el río Guadalquivir y, ajenos a las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, siguen insistiendo en que debe ser la Junta de Andalucía quien gestione la cuenca.

Al contrario que quienes avalan estas tesis, he preferido esperar a que finalizara la campaña electoral para pronunciarme y explicar a quienes saben sobradamente, aunque traten de ocultarlo, que son numerosas las razones por las que el Guadalquivir debe gestionarse desde la Administración central.

Que el Guadalquivir es un río vinculado históricamente a Andalucía no lo duda nadie, pero tampoco debe nadie dudar que la salvaguarda de los intereses generales no es aval exclusivo de las CCAA. Yo puedo asegurar que este organismo, desde su creación, ha trabajado desde Andalucía para Andalucía. En Andalucía, la CHG tiene su sede central en Sevilla (como la Junta) y otras sedes territoriales en Córdoba, Jaén o Granada que, creo recordar, también son provincias andaluzas. Yo mismo soy andaluz, de Granada para más señas. La inmensa mayoría del personal que trabaja en la Confederación es andaluz y los usuarios y las administraciones a los que servimos, en gran medida, también son andaluces.

La Confederación no aterriza de Marte y, en mi opinión, ser andaluz ni está identificado con unas siglas ni con un logotipo.

Sin embargo, no podemos olvidar que en el Guadalquivir pesan, y mucho más de lo que difunden algunos, otras CCAA como Extremadura o Castilla-La Mancha. ¿Saben ustedes que el 10% del agua que recibe el Guadalquivir procede de otras CCAA? ¿Saben que la práctica totalidad del agua que llena el embalse de El Pintado, y por tanto, el de Melonares, procede de Extremadura? Esto no interesa decirlo

Una vez que el Constitucional aprobó por unanimidad, repito, por unanimidad, el criterio de unidad de cuenca para gestionar la del Guadalquivir, se cerró completamente la vía jurídica. También la de la delegación de competencias con la sentencia que dictó el mismo Constitucional sobre el Duero.

Agotadas también otras vías, la Junta y algunos otros nos hablan ahora de una gestión compartida y aseguran que ya se está desarrollando en el País Vasco o en Cataluña, en las cuencas del Cantábrico Oriental o en el Ebro, respectivamente.

Quienes han sacado esta cuestión a la palestra debieran conocer que en ambas cuencas hidrográficas lo que realmente existe es una encomienda de gestión exclusivamente para algunas cuestiones relacionadas con la Comisaría de Aguas, encomienda que, por cierto, está siendo muy discutida y ampliamente debatida por ineficaz. ¿Saben quienes propugnan estas tesis que las CCAA de Cataluña y País Vasco la única competencia que tienen atribuida es de tramitación y que la resolución de los asuntos sólo pueden ir firmados por el presidente del Organismo de cuenca, única persona con competencia para ello?

¿Acaso no saben que cuando las competencias del Guadalquivir se devolvieron al Estado, el Gobierno central estaba dirigido por el PSOE, el Ministerio de Medio Ambiente por una socialista y andaluza, la Junta de Andalucía también estaba dirigida por el PSOE e, incluso, que quienes presentaron los recursos contra la gestión andaluza del Guadalquivir eran también los socialistas extremeños y castellano-manchegos? ¿Acaso alguien puede creerse que entre las distintas fórmulas que entre ellos barajaron para salir del atolladero no estaba la de la gestión compartida y que la descartaron por inviable y porque a la Junta no le interesaba? ¿Y saben por qué no le interesaba? Pues, sencillamente, porque dicha gestión compartida no tiene atribuida asignación alguna de medios personales ni económicos, al igual que sucede en el Cantábrico Oriental y en el Ebro.

Lo más inaudito es que, tras la nefasta gestión que la Junta de Andalucía desarrolló durante los tres años que tuvo las competencias, pretenda hacerse de nuevo con esa gestión. ¿O es que los andaluces necesitan recordar cómo se esfumaron para otras partidas 303 millones de euros de fondos Feder porque, según la Junta, "Andalucía había avanzado mucho en medio ambiente"? ¿Acaso hay que recordar a las empresas andaluzas las deudas que dejó contraídas la comunidad autónoma y la cantidad de proyectos clave sin desarrollar y en extrañas situaciones administrativas como las conducciones de Melonares, las depuradoras de Doñana, la restauración ambiental del Riopudio o la paralización de las hidroeléctricas, entre otras muchas? ¿De verdad quieren gestionar el Guadalquivir como lo hacen en materia de depuración de aguas, donde sí tienen las competencias y estamos a la cabeza de incumplimientos?

Creo, sinceramente, que ni Andalucía ni los andaluces ni nuestros vecinos extremeños o manchegos merecen que nadie siga utilizando el Guadalquivir, una de las mayores fuentes de riqueza del Sur de España, como un juguete o como un arma política arrojadiza.