EL tesón va por pueblos. Lo tienen esos ciudadanos que ejercen derechos tan despreciados por el común de los vecinos. El derecho a disentir de una actuación municipal y plantear alternativas, el derecho a presentar alegaciones a un proyecto en su plazo de presentación pública, el derecho a reivindicar servicios básicos de los que se carece en urbanizaciones de nuevo cuño. Son mayoría los que sólo esperan conseguir algo si es otro quien se ocupa y preocupa. Tan débil es aún el concepto de ciudadanía que en la jerga popular se usa la palabra molestarse para definir ese afán. Bienaventurados los que se molestan porque de muchos será el beneficio pero de ellos la mayor satisfacción.

Los esforzados de la ruta del papeleo no paran en verano. Es el caso de María Luisa Moya Tejera y los que, como ella, impulsan una plataforma vecinal en San Juan de Aznalfarache que defiende sus casas y que pone por delante la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para que el Consistorio sanjuanero se adapte al marco autonómico en la dotación de equipamientos y zonas verdes.

O los que en Valencina son como Antonio Cortés Venegas, que se atienen al Derecho Administrativo para decirle a la actual Corporación que su anulación del plan urbanístico anterior es un acto legítimo, pero que no le exime de devolverle el dinero a los vecinos que en 2006 firmaron un convenio con el ayuntamiento para convertir en urbanos sus terrenos de olivar, abonando a cambio 1,25 euros por metro cuadrado afectado.

Y la necesidad obliga a los que en Burguillos son como David González, portavoz de las familias cuyas casas tienen un año pero aún carecen de líneas eléctricas, dependen de grupos electrógenos y sus apagones. Rehenes del pulso que libran la suministradora y la promotora de la urbanización con el ayuntamiento, ahora tieso como la mojama. La crisis municipal en el Aljarafe está creando agujeros negros del bienestar. Reivindiquen, que algo queda.