EN mi último artículo comenté el acierto de Felipe González en que se mostraba contrario a la independencia de Cataluña. Como era de esperar, tal artículo ha tenido contestación en Cataluña, pareciéndome la más importante la contenida en el artículo titulado A los españoles de Artur Mas, en el que califica de triste libelo incendiario el que firma todo un ex presidente del Gobierno español como Felipe González. También se lee en él que "el problema no es España, es el Estado español que nos trata como súbditos". El artículo lo firman también diversas personalidades de Cataluña.

Felipe González ha tenido ocasión de fijar una aclaración de su pensamiento en el que se pronuncia y apoya el "reconocimiento de Cataluña como nación". También añade: "Estoy a favor de que la identidad catalana sea reconocida y la lengua y la cultura sean realidades intocables". Por su parte, el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expresó que la Constitución habla de "nacionalidades por lo que el término nación lo debe tener sólo España", discrepando de la idea de que Cataluña sea una nación. El secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, se proclamó catalanista y dijo que la reforma de la Constitución debe reconocer la "singularidad de una Cataluña en una constitución federal", mostrándose contrario a la independencia de Cataluña.

En el periódico El País del 6 de septiembre se publicó un artículo que firma Alicia González que se titula La incertidumbre en Cataluña frena a los inversores internacionales; en él se lee que los elogios a la recuperación de la economía española han dejado paso a un creciente escepticismo entre los inversores internacionales. "Sólo en junio, apuntan los expertos, el capital internacional retiró 21.000 millones de euros del mercado español, las decisiones de inversión se aplazan a enero a la espera de que escenario político se aclare". Ante todo ello conviene recordar la situación de Andalucía ante las opiniones de Cataluña como nación y el "reconocimiento de la singularidad de Cataluña en una España federal".

Andalucía debe oponerse a que Cataluña sea declarada nación, porque en vez de resolver el problema lo complicaría, ya que toda nación aspira a convertirse en estado

Ni la Constitución de 1873 ni la de 1931 proclamaban situaciones diferenciadas entre los estados (Constitución de 1873) ni las regiones autónomas (Constitución de 1931). La segunda no establecía procedimiento diferencial entre las distintas "regiones autónomas". La Constitución vigente es la que, en su disposición transitoria segunda, estableció para acceder a una autonomía plena un procedimiento acelerado para Cataluña, el País Vasco y Galicia. Las demás comunidades tendrían un procedimiento más complicado para acceder a la autonomía, con instituciones y competencias más reducidas. Ocurrió que algunos andaluces no estábamos de acuerdo con dicha diferenciación y obtuvimos el artículo 151 de la Constitución que permitiría, por un procedimiento especial, acceder a la autonomía plena en instituciones y competencias. Sólo Andalucía siguió este procedimiento riguroso y especial.

Dicho procedimiento es muy complejo tanto en la iniciativa como en la tramitación, que exige dos referéndums, uno con el voto afirmativo de la mayoría del censo electoral de cada provincia. El Congreso tenía que aprobar el texto del Estatuto, ya sometido a referéndum en cada provincia, y ser ratificado por el Congreso y el Senado y sancionado por el Rey. En España nunca se ha celebrado un referéndum en el que se exigiera que el voto afirmativo fuese la mayoría del censo electoral en todas y cada una de las provincias consultadas. Andalucía fue la única comunidad que obtuvo la autonomía plena por este procedimiento.

Andalucía debe oponerse a que Cataluña sea declarada nación, porque en vez de resolver el problema lo complicaría, ya que toda nación aspira a convertirse en estado y otras comunidades aspirarían a tal calificación, entre ellas el País Vasco.

Y en cuanto al reconocimiento de la singularidad de Cataluña, hay que invocar que las diferencias entre las comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales según el artículo 138.2 de la Constitución. Es decir singularidades sí privilegios no.

En el momento histórico que estamos viviendo, Andalucía no debe quedar al margen y debe defender la singularidad de su acceso a la autonomía.

Andalucía, además de todo lo dicho, tiene una extraordinaria singularidad no solo por la extensión de su territorio y su gran población, sino porque es la única comunidad española que linda con el Mediterráneo y el Atlántico.