EL juez Francisco Serrano, titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, ha abierto un debate público al poner en cuestión algunos de los aspectos de la ley integral de violencia de género. En opinión del magistrado, esta norma no resuelve de forma correcta la definición de "maltrato" y, en aquellos casos en los que las denuncias resultan ser falsas, provoca la "estigmatización" del hombre. Sus palabras han provocado la inmediata reacción de las asociaciones feministas, que acusan a Serrano de ser "el portavoz de los maltratadores". Incluso la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, ha dicho que "carece de rigor" y "desconoce las características del maltrato a la mujer". La respuesta de las entidades feministas no se ha limitado a la discrepancia verbal: han solicitado formalmente que se abra un expediente disciplinario para inhabilitar al juez por emitir su propia opinión. Se podrá coincidir o no con el criterio o los términos usados por Serrano, pero lo cierto es que, igual que el magistrado ha expresado las debilidades "técnicas" de la ley -en lo que se refiere a la definición jurídica del maltrato-, también ha elogiado el efecto positivo que dicha norma ha generado al proteger a las mujeres contra el abuso. Que la ley se redactó con el espíritu de eliminar esta lacra social es evidente. Igual de obvio que el hecho de que, en democracia, ninguna ley es intocable o inamovible si una mayoría social así lo reclama al poder legislativo por las vías adecuadas. La ley debe cumplirse, pero esto no implica que esté exenta de crítica o de mejora. Sobre esto es quizás sobre lo que habría que reflexionar. Con la utilización partidaria de la violencia de género a veces da la impresión de que se ha caído en el efecto péndulo: tras mucho tiempo ignorando un comportamiento a todas luces execrable y que cualquier sociedad responsable debe erradicar nos hemos ido, al legislar de una determinada manera, al extremo contrario sin pasar por el punto medio. Las palabras del juez Serrano inciden en esta línea: la norma está para proteger del abuso a las mujeres, no para ir contra los hombres. Los delitos no tienen sexo. Tan sólo autores.