TODOS lo sabíamos. Los psicólogos, los juristas, los educadores o los trabajadores sociales. Todos, absolutamente todos, sabemos que la mejor opción para criar a un niño es que ambos padres participen en esta tarea. Ha sido siempre así y, por más que cambien las cosas, éste será un modelo ideal.

Tampoco es novedad el que, al salir a la calle, encontremos que también lo saben el frutero, la panadera, el cartero o el linotipista. Lo que sí está resultando una sorpresa mayúscula es que ahora lo descubran los políticos. De esta suerte, en el último año, Aragón ha aprobado una reforma para que este modelo sea el preferente en los divorcios de las parejas que allí residan y, en la misma dirección, se han sancionado mociones a favor de la custodia compartida en menos de un año en Valencia, Líria, Paterna, Jaén, Rota, Baños de la Encina, La Carolina, Medina del Campo, en las juntas generales de Álava y Guipúzcoa, en El Casar de Escalona, Úbeda, Jódar, Aldeaquemada, Villanueva del Arzobispo, Torreperogil, Navarra y Madrid, estando pendientes de aprobar en numerosos pueblos de las zonas de la Vega Baja del Guadalquivir y la Sierra Norte de Sevilla, varias diputaciones y ayuntamientos como Vitoria, San Sebastián y Bilbao.

Lo menos que se le puede pedir a un político es que deje las cosas igual que las encontró. Si la ciudadanía disfruta de un político que mejora aquello que un día cayó bajo su mando podemos estar de enhorabuena. Todos sabemos que actualmente esos políticos brillan por su ausencia, sustituidos por una caterva de aprovechados que viene a hacer su particular agosto. Ahora tocaría introducir una frase que aclare que no todos son así, pero como no quiero insultar la inteligencia del lector se la ahorro.

El problema que planteo aquí es por qué, siendo algo tan obvio el hecho de que hay que procurar que un hijo disfrute de sus dos progenitores, no se da el paso de una vez por todas a nivel nacional y, aún peor, por qué existen algunos grupos, muy minoritarios y mayoritariamente femeninos, que se oponen a semejante avance social con el dinero de todos nosotros.

Tal cantidad de iniciativas, todas en la misma dirección, ha provocado ya que los niños que viven en Huesca tengan distintos derechos que los que viven en Mairena del Aljarafe. Si pronto no se corrigen las cosas, el torrente de iniciativas, leyes, reformas, decretos, medidas o cual sea la forma que adopten, hará que esas diferencias se amplíen, llamando verde lo que en el pueblo de al lado se llamará azul. Aún más anacronismo en una tierra que inventó las contradicciones.

Como esto es una cuestión política, para responder a semejante interrogante hay que trasladar el foco de atención al dinero. El hecho de que se dificulte que dos personas quieran dilucidar sus diferencias emocionales en un juzgado acarrea una inmediata disminución en la facturación de todos los que trabajamos en o alrededor de la Administración de Justicia. Menos minutas, horas de consulta y terapia, intervención social, psicológica, educativa, mediadora, etc. Decenas de asociaciones de todo tipo y un color mano sobre mano, o casi. La alternativa es sencilla: dejar que lo resuelvan como hasta ahora es una fuente segura de riqueza, en tanto que ningún juzgado en el mundo está hecho para resolver un problema emocional. Sería como querer abrir una lata de conservas a martillazos. Estoy seguro que alguno lo va a lograr, pero también tengo claro que se va a salpicar en el empeño.

En un momento en el que la economía necesita ser reactivada, la aceptación de los políticos de la citada obviedad no puede ser más inoportuna. En el mundo de lo ordinario, primero se crea la asociación y luego llega la subvención. En éste al que nos referimos, primero llega la subvención y luego se hace la asociación oportuna. ¿Qué va a hacer ahora tanta asociación si le imposibilitan ganarse el pan con el conflicto ajeno? Lo digo por las cientos nacidas al calorcito del dinero público. Sólo en Andalucía hay 1.900 asociaciones de mujeres, de las cuales 1.400 reciben subvención.

La incongruencia en el discurso político, según dónde habitemos los españoles, provoca que el ciudadano no escuche correctamente, pero también es responsable de que no entienda nada. Empero, ahora estamos en un nuevo estadio: la incongruencia legislativa y, por consiguiente, la discriminación por razón de residencia, donde el niño alicantino puede optar a la custodia compartida, aunque no haya acuerdo, mientras el catalán tendrá derecho a un plan de corresponsabilidad parental, el aragonés disfrutará de la custodia compartida como opción preferente y el resto tendrá que comprobar cómo los usos decimonónicos siguen funcionando, otorgando la custodia a la madre de forma automática. Como diría algún que otro anciano listo de nuestra tierra: ¡Lío de país!