SI hablamos de funcionarios, en seguida nos acordamos de los personajes de las películas de Berlanga que intentaban echar una solicitud para un empleo, y cuando al fin lograban que alguien les atendiera al otro lado de la ventanilla, sólo obtenían una agria negativa por parte de un empleado que ni siquiera se dignaba asomar la cabeza ("Pero hombre de Dios, ¿no ve usted que le falta la fe de vida?"). En España es normal que se tenga un cierto desprecio por los funcionarios, a los que asociamos con la desidia o el malhumor o el escaso celo profesional, pero olvidamos que la existencia de los funcionarios es la única garantía para el buen funcionamiento de un Estado de derecho. Sin un cuerpo de profesionales de la Administración que no dependan de nadie para ganarse el sueldo -ni de partidos ni de empresas ni de particulares-, es imposible velar por el bien público y por el cumplimiento de las leyes en igualdad de condiciones para todos. Es tan sencillo como eso. Y tan complejo como eso.

La existencia de un cuerpo de funcionarios bien cualificados y que han sido seleccionados con criterios de mérito y de imparcialidad es una de las grandes conquistas del Estado moderno. El buen funcionamiento de una democracia no es posible sin los funcionarios de carrera, por la sencilla razón de que son los únicos que pueden garantizar la limpieza de los procesos electorales y la buena gestión de los organismos públicos. El sueño de todos los déspotas -pasados y presentes y futuros- es poder elegir a los funcionarios con criterios caprichosos -es decir partidistas-, para tener así una Administración obediente que se doblegue siempre a sus intereses. Y ésa sería la peor pesadilla para los ciudadanos que pagan impuestos y que desean unos servicios públicos bien gestionados y atendidos.

Por eso causa tanta alarma -o al menos a mí me la causa- que la Junta de Andalucía haya aprobado un decreto por el que se puede hacer funcionario de carrera a unas 20.000 personas que no han pasado por ningún proceso selectivo. Sé, por desgracia, que lo que aquí pretende hacer el PSOE es lo mismo que el PP ha hecho o pretende hacer en las comunidades donde gobierna, pero eso no es una excusa, sino una muestra más de la gravedad de la iniciativa. No sé si los promotores de este decreto se dan cuenta de que están dinamitando los fundamentos del Estado. Y tampoco sé si se dan cuenta de que no puede existir el Estado del bienestar si antes no existe un cuerpo de funcionarios seleccionado con criterios de independencia, mérito y cualificación profesional. Si este decreto se lleva a término, estaremos volviendo a los terribles tiempos de la España negra de Berlanga. A lo mejor nos lo merecemos, pero no deja de ser una pésima noticia.