ERAN 10 negritos en la novela de Ágatha Christie y conforme iban muriendo se reducía el círculo de sospechosos. Son 37 los intrusos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía y conforme va creciendo la cifra aumenta el círculo de sospechosos. O, si se quiere, la dimensión del escándalo.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, remitió ayer a la juez que instruye lo que empezó siendo el caso Mercasevilla y ya es el caso Consejería de Empleo sus primeras conclusiones: la Junta ha detectado 37 falsos prejubilados en los 30 expedientes revisados, es decir, 37 personas que han cobrado o están cobrando por prejubilarse en empresas en las que nunca han trabajado. Son los expedientes que siguen "vivos". ¿Qué habrá pasado en los expedientes ya liquidados desde el año 2001? ¿Cuántos individuos han sido incluidos en las nóminas correspondientes sufragadas con dinero público sin tener derecho a ello?

La Junta ha actuado correctamente al entregar a la juez la documentación mencionada, al solicitar que la Cámara de Cuentas fiscalice todas las subvenciones tramitadas para los ERE y al hacer comparecer en el Parlamento andaluz al actual consejero de Empleo. No lo ha hecho, por el contrario, al rechazar la creación de una comisión parlamentaria de investigación de los hechos. Esto obedece a su idea de que las irregularidades descubiertas son cosa de unos pícaros aprovechados y carecen de relevancia política.

Pero es que no es así. Por un parte, hay una responsabilidad, al menos in vigilando, de los responsables políticos que han ignorado o hecho la vista gorda ante el saqueo organizado delante de sus narices por los pícaros, intrusos y conseguidores. Un consejero o un director general no pueden no saber lo que se cuece en sus departamentos. Es más, le alcanza la responsabilidad política por su ignorancia o su inhibición. Por otra, pusieron en marcha un procedimiento de gestión de los ERE, a través del IFA, que no es normal, y con esa anormalidad hicieron posibles otras irregularidades (el famoso "fondo de reptiles" del que ha hablado un ex director general que no quiere cargar él solo con la culpa). Esto no lo digo yo. Lo dice la consejera Moreno, que ayer confirmó la existencia de un informe no vinculante de la Intervención General de Hacienda que en 2005 mostraba su "disconformidad" con dicho procedimiento, que se ha aplicado a más de 600 millones de euros. Si los falsos prejubilados habrán de responder ante la Justicia penal, los políticos que no han cumplido con su obligación deben responder ante el Parlamento.

Aquí van a rodar cabezas, salvo que la Junta pretenda, inútilmente, dejar pasar el tiempo hasta que escampe. No escampará.