La luz roja se ha encendido ya en los ayuntamientos sevillanos. La crisis ha provocado un endeudamiento de las arcas municipales hasta tal punto que el propio presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ha alertado ya de la alarmante situación económica en la que se encuentran una decena de localidades. Aunque desde el ente supramunicipal no se ha marcado oficialmente ninguna directriz para hacer frente a esta asfixia, Villalobos ya ha apuntado que una salida podría ser un recorte de la plantilla de trabajadores de dichos consistorios. Un ERE en toda regla.

La difícil situación económica que atraviesan los municipios sevillanos no es nada nuevo. Desde que en 2008 la crisis estallara, los consistorios han sido uno de los protagonistas de los titulares de periódicos por impagos a proveedores y trabajadores así como por la falta de financiación. El desplome del ladrillo ha dejado al descubierto la escasez de recursos con los que cuentan los alcaldes para llenar las arcas. Hasta aquí todo está dicho. Pero lo sorprendente es que el propio presidente de la Diputación haya tenido que salir en un medio de comunicación situando a una decena de municipios "al borde de la quiebra". Villalobos realizó estas declaraciones ayer en la Cadena Ser, donde se refirió a la situación de "emergencia económica" que atraviesan varias localidades, entre la emisora aclaró que podrían encontrase Morón de la Frontera, Guillena y Palomares.

El presidente de la Diputación no quiso dar más nombres, para "no alarmar a los vecinos", aunque algunos de ellos ya son de sobra conocidos por salir en los medios de comunicación a cuenta de su deficitario estado económico, tales como Castilleja de Guzmán o Huévar del Aljarafe. Localidades que, como tantas otras, están sufriendo ahora los efectos de una sobredimensión de plantilla de trabajadores, un aumento que se produjo en los años del boom inmobiliario, antes de que la gallina dejara de poner los huevos de oro con los que tantos sueldos se pagaron.

Pero el panorama actual es totalmente distinto al de entonces. Promociones de viviendas paradas, pocos inversores y falta de financiación para mantener la nómina de trabajadores. Las opciones para salir de esta situación se van acabando -tras finalizar los planes anticrisis estatales y autonómicos- y todo apunta a que los alcaldes tendrán que tomar una decisión que, aunque drástica, sanearía en parte las cuentas consistoriales para hacer frente a los principales gastos. El propio Villalobos deja la puerta abierta: "Despedir a una persona es lo último que se debe hacer, pero los ayuntamientos deben reestructurar su plantilla". Esta reorganización implica, incluso, "la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE)", o lo que es lo mismo, el despido masivo de trabajadores.

"Hay que priorizar por parte de los ayuntamientos, se necesita una política de austeridad absoluta", dijo Villalobos, quien recordó a los alcaldes que "los buenos momentos pasaron" y ahora hay que "ajustar la oferta a la demanda" en relación a la necesidad de que la plantilla de los trabajadores de los ayuntamientos se adapte a la nueva realidad socioeconómica del país. Está claro que a los consistorios en "alerta roja" no les queda más remedio que adelgazar la nómina de empleados para hacer frente a su endeudamiento.