Los responsables de los municipios más afectados por parcelaciones ilegales en Sevilla siguieron ayer a la expectativa del texto definitivo del decreto que fija las vías para la regularización, ya que, más allá de la referencia genérica en el Consejo de Gobierno y las palabras no más precisas de la consejera, no tienen información concreta de cómo tendrán que acometer el proceso, que se debe publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Eso sí, advirtieron a los propietarios de construcciones de este tipo, expectantes ante el cambio normativo de la Junta, que el camino será largo y con dificultades. Como primer paso, se tendrá que elaborar un inventario de todas y cada una de las edificaciones sobre suelo no urbanizable existentes y todo debe hacerse en el marco del PGOU.

El documento se convertirá, en cualquier caso, en la hoja de ruta para elaborar para abordar el espinoso asunto de las urbanizaciones. Es el caso de Carmona, que contabiliza en su amplio término más de 40 parcelaciones de las que más de 30 están sin regularizar y buena parte de ellas tienen su origen en los años 70. Según el concejal de Urbanismo, Alberto Sanromán (PP), que ayer mismo se reunió con los propietarios de una de las comunidades, hay cierta "tensión" entre los afectados ante la posibilidad de tener al fin un camino cierto que coger para llegar al objetivo de la regularización. Pero antes hay muchos aspectos técnicos que debe concretar el decreto, hay que negociar con los afectados, firmar acuerdos urbanísticos y elaborar un PGOU en un proceso que se puede demorar años.

Es lo mismo que advierte el responsable de Urbanismo de Arahal, José Antonio Cabrera (IU), quien ante la imposibilidad de conseguir el decreto a lo largo del día de ayer anuló incluso una entrevista programada en la radio local para responder a 1.500 propietarios igualmente ansiosos por conocer qué va a pasar.

Hay un grupo que tiene más prisa: se trata de los 90 dueños de edificaciones en suelo rústico que están ya en vía judicial, incluso pendientes de sentencia.

La probabilidad de una regularización les libraría, si no de la multa económica, al menos de la demolición. O en eso confían. En el municipio ya ha habido una sentencia en esa línea que se ha llevado a efecto.

Alcalá de Guadaíra, otra ciudad con históricas parcelaciones en su término municipal, remite igualmente a un estudio en profundidad del decreto para valorar la incidencia del mismo.

El temor que corre en cierta medida entre los munícipes sevillanos es que, al estar el origen del texto en un intento por regularizar la vivienda diseminada que ha proliferado en la Axarquía malagueña y en la comarca almeriense del Almanzora como segundo cinturón del turismo de sol y playa, el fenómeno que de verdad afecta a la provincia de Sevilla, el de las parcelaciones, se haya tratado someramente y sin dar las soluciones adecuadas.

En año 2000, un informe del Defensor del Pueblo Andaluz cifró en 359 las urbanizaciones de este tipo existentes en 42 municipios de Sevilla, de las que sólo una minoría ha logrado regularizarse en estos años.

La tensión, sin burbuja inmobiliaria, vuelve a las concejalías de Urbanismo de los pueblos.