Las subidas excepcionales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2012 y 2013 -decretadas por el Gobierno central dentro de las medidas para hacer frente al déficit público- encarecerán el recibo en 70 poblaciones sevillanas. Entre ellas está la capital, que realizó su última revisión catastral antes del año 2002 (según los datos que constan en el Ministerio de Hacienda, entró en vigor en 2001) y está en el grupo en el que el aumento será mayor: un 10% sobre lo previsto, a pesar de que el Ayuntamiento ha congelado la parte que le compete.

Esta subida podría afectar a todas las viviendas, al contrario de lo que ocurre en otras poblaciones que revisaron su parque con posterioridad y en las que al menos la mitad de los inmuebles, los que tienen los valores catastrales más bajos, se librarán del incremento, según se deduce del decreto aprobado por el Ejecutivo del PP el 30 de diciembre y cuya repercusión están analizando y consultando todavía con Madrid los ayuntamientos, a los que la medida ha cogido por sorpresa.

A la espera de la respuesta a las dudas que han surgido a casos concretos, el decreto recoge cuatro supuestos distintos en función de los años en que los valores catastrales de las viviendas se revisaron. De las subidas sólo se librarán los municipios en los que esta actualización se hizo entre 2005 y 2007. Es el caso 35 de los 105 ayuntamientos de la provincia, entre los que están Dos Hermanas, Écija, Espartinas, Estepa, Gines, Marchena o El Viso del Alcor.

En el otro extremo -el grupo en el que está Sevilla y que tendrá subidas del 10%- destacan La Algaba, Arahal, Bollullos, Carmona, Castilleja de la Cuesta, Coria, Mairena del Aljarafe, Morón, Los Palacios, Palomares, Pilas o Valencina que, en algunos casos, ya tienen un gravamen alto. Además, la norma obliga a que el tipo impositivo mínimo que se aplica se suba al 0,5 este año y del 0,6 en 2013, lo que podría obligar a cambiarlo en localidades que lo tienen por debajo, como Los Molares o La Rinconada, con un 0,40 y un 0,47, respectivamente.

Los 14 municipios que tuvieron una revisión catastral entre 2002 y 2004 tendrán una subida del 6% y deberá incrementar su gravamen, como mínimo, al 0,5 en 2013 (Tomares tiene fijado el 0,45), aunque la medida sólo se aplicará, según el texto del decreto, "a la mitad de los inmuebles de uso residencial con mayor valor catastral" del conjunto. Es lo que ocurrirá también con las 31 poblaciones en las que la revisión catastral entró en vigor entre 2008 y 2011 y donde las viviendas más caras pagarán un 4% más este año y el que viene. Bormujos, Castilleja de Guzmán, Castilblanco y Alcalá del Río están en esta situación.

El decreto conllevará además la anulación de algunas reducciones del tipo por las que han apostado algunos ayuntamientos para compensar a sus vecinos por la crisis o las subidas catastrales, ya que recoge que en estos casos "lo mencionado se aplicará tomando como base el tipo vigente en 2011". Ello supondrá anular las bajadas por las que han apostado Alanís, Fuentes de Andalucía, Gilena o Guillena. Los otros siete municipios que han reducido su tipo están en el grupo que no sufrirá encarecimiento por las medidas excepcionales.