El comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento de Los Palacios, gobernado por Juan Manuel Valle (IP-IU), denunciaron ayer que hay un intento para "dividir" al colectivo de empleados, ya que se pretende saldar parte de las cinco nóminas que se les adeudan, incluida la paga extra de Navidad, pero sólo con los Bomberos y de Policía Local. "Iniciaremos 2014 con seis nóminas pendientes", denuncian, a pesar de las ayudas que han llegado de la Diputación.

Aseguran que el viernes pasado 13 de diciembre hubo un intento por abonar 600 euros a los policías y por pagar a los bomberos, en tres plazos, lo que se le adeuda en concepto de horas extras, con el compromiso de pagar a mes vencido los servicios extraordinarios realizados. El objetivo, explican las fuentes, es evitar que no se cierre el servicio y se quede un solo bombero de guardia. Estas negociaciones se habrían llevado a cabo "al margen de los demás trabajadores" en un intento de "dividir" a la plantilla y "dejar sin efecto las movilizaciones que previstas durante el Medio Maratón de Los Palacios, una prueba referente en la provincia. El Ayuntamiento de Los Palacios sufre una situación económica crítica con una deuda que, una vez que asuma la parte que le corresponde de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, rondará los cien millones de euros.

Precisamente ayer, los ediles andalucistas, Pedro Amalio Moguer y Emilio García, y el secretario provincial del PA, Manuel Visglerio, se encerraron en la Consejería de Administración Local de la Junta, para exigir al vicepresidente, Diego Valderas (IU), "un compromiso real con la situación del Ayuntamiento, sus trabajadores y sus vecinos". Presentaron un escrito en el que exigen más plazo para devolver las subvenciones que se reclaman y un plan de financiación para hacerlo. Fueron recibidos por el director de Administración Local, Francisco Javier Camacho, quien se comprometió a "analizarlas". Moguer insistió en que las medidas son necesarias para "no ahogar más a los trabajadores". También piden que se anulen los intereses de demora, porque la Junta es en parte responsable de la situación.