La Diputación de Sevilla aprobó ayer las condiciones en las que los ayuntamientos con convenio con el Opaef, su agencia de recaudación y que son todos menos Mairena del Aljarafe y Alcalá de Guadaíra, podrán pedir nuevos préstamos sin intereses y con distinto plazo de devolución, una de las novedades que el gobierno incluyó en el presupuesto de 2014, el llamado "banco bueno". Esos fondos son los que, por el techo de gasto fijado para las administraciones, no pueden tener otro uso, ni transferirse a los ayuntamientos. Es la fórmula de evitar que estén parados, en los bancos, y ahora se ponen en circulación 36 millones de euros.

Las bases se aprobaron ayer en un Pleno urgente, para eludir el parón del verano y responder a un problema que justo ha estallado ahora: la falta de liquidez de los ayuntamientos para seguir adelantando el dinero de los talleres de empleo porque la Junta no paga. Tras el encierro de alcaldes en Educación, la Diputación ha querido echar un cable. Pero estos fondos no son exclusivos para ello y no todos se podrán acoger a los mismos, al menos en la primera convocatoria. Entre ellos está la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, que gestiona once talleres de este tipo con personas en riesgo de exclusión en otros tantos pueblos del Aljarafe y que no han cobrado la última nómina. Para acceder a ellos hay que ser ayuntamiento y estar en el Opaef y no es el caso.

Hay tres supuestos o líneas en esas bases. La primera es de préstamos para inversiones, que los ayuntamientos pueden devolver a diez años. La segunda está dirigida a municipios con deudas bancarias que quieran refinanciar: piden dinero al Opaef, liquidan con el banco y pagan al Opaef pero ya sin intereses, a diez años vista. En ambos supuestos se exige que hayan liquidado el presupuesto municipal de 2013 con ahorro, que tengan aprobado el presupuesto de 2014 y que el endeudamiento no supere el 75%.

La tercera línea y en la que teóricamente podrían tener encaje los municipios con problemas con los talleres de empleo es para operaciones de tesorería, la denominación de los pequeños adelantos para gasto corriente, hasta que el ayuntamiento recibe la partida prevista, en ese caso, de la Junta. Sólo tendrán un año para devolverlos, lo que merma las posibilidades, entre otros, de Los Palacios, cuyo alcalde, Juan Manuel Valle, reconocía ayer que no era lo que esperaban ni el compromiso que se adquirió tras su encierro en la Diputación. Pedían más tiempo, 44 meses, como los anticipos para nóminas. Ésta, entre otras, fue la razón de que IU se abstuviera en el Pleno, pese a la unanimidad en que este dinero se ponga a circular. Si se cumplen los plazos, podría estar en las arcas de los ayuntamientos a finales de julio.

Para este tercer supuesto se exige que los municipios tengan aprobado el presupuesto de 2014. Hay algunos de los que se encerraron por los talleres de empleo, como Villanueva del Río y Minas, donde personal y alumnos llevan cuatro meses sin cobrar, que no lo cumplen. Además, hay un límite: el conjunto de los adelantos para gasto corriente que tenga el ayuntamiento no puede superar el 30% de lo que recaudó el año anterior por impuestos, porque los impuestos de cada municipio son la garantía, el aval de ese adelanto. Ello hace que la partida que algunos puedan recibir sea insuficiente para pagar todo lo que se debe, aunque sea por culpa de la Junta.

La Diputación anunció que, para esos casos, con el dinero que sobre de esta primera convocatoria se sacará otra en septiembre, más flexible. Frente a las peticiones del PA, de IU y el PP de que se haga un mayor esfuerzo y que se flexibilicen las condiciones, que la deuda se endose de alguna forma a la Junta cuando los problemas de los ayuntamientos sean por su culpa, el gobierno socialista defendió que deben ajustarse a la ley y que tampoco pueden poner el contador a cero de los ayuntamientos que están peor: iría en detrimento de otros y trasladaría la idea de que haga lo que se haga rescatará la Diputación.

El presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, recordó que los ayuntamientos podrán afrontar muchos pagos con este plan, aunque no todos los pendientes. Una vez que lo reciben, son los gobiernos locales los que marcan las prioridades: nóminas u otras cosas, con lo que no se le puede responsabilizar a la Diputación.

El PP, por su parte, advirtió sobre el problema concreto de los talleres de empleo, que aumentará cuando en julio no llegue el dinero de los que empezaron en enero.