EN el año 2004, el Tribunal Constitucional reconoció el libre acceso de las cámaras fotográficas y de televisión a los juicios como garantía del desarrollo del derecho a la libertad de información. Hasta entonces, dependía del presidente de cada Sala permitir a los periodistas utilizar estas herramientas. Se perseguía así salvaguardar el derecho a un proceso público, con todas las garantías, y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la independencia e imparcialidad de los tribunales de justicia.

La apertura pública de las salas de vistas debe ir acompañada de un ejercicio responsable de ese derecho de acceso, pues los valores a salvaguardar son fundamentales y deben ser inviolables. Sin embargo, múltiples son los factores que, como podemos comprobar todos los días, vulneran dichos valores. El más pernicioso, a mi juicio, es la transformación de la información en espectáculo al servicio del entretenimiento.

Y eso es lo que ha vuelto a ocurrir con el juicio por el caso Marta del Castillo del que hace pocos días hemos conocido la sentencia. No es casualidad que el magistrado encargado de redactarla invocara de forma expresa el examen "lógico e intelectual" de los hechos en contraposición con la "emoción" para poder destruir la presunción de inocencia de cualquier persona.

La emoción ha impregnado todo este suceso en su faceta mediática hasta culminar en la celebración de un juicio paralelo en los medios de comunicación, sobre todo, en algunas televisiones. Varios amigos de los jóvenes implicados en los hechos, peritos y otros testigos llamados a declarar en la vista fueron entrevistados en estos programas de televisión que, además, difundieron como información meras conjeturas, rumores y opiniones de sus llamados "equipos de investigación".

El desenlace del espectáculo, la sentencia, ha frustrado las expectativas de un público ávido de justicia. Pero antes que al público, ha frustrado las expectativas de presentadores, presentadoras, tertulianos y colaboradores de populares magacines de televisión que, sin tiempo para haber leído el fallo judicial, se apresuraban a ejercer de expertos en derecho penal sin tener claro aún si el juez condenaba los hechos como homicidio o asesinato. Los corresponsales que conectaban en directo desde la Audiencia de Sevilla se declaraban "indignados a título personal" por el fallo.

Todos recordamos lo ocurrido durante el juicio a Dolores Vázquez, encarcelada 17 meses por un crimen que no cometió. El jurado popular que examinó su caso fue permeable al tratamiento mediático del crimen y a la marea de opinión contraria a su persona que alimentaron los medios, según apreció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ordenó repetir el juicio.

La búsqueda del equilibrio entre los derechos de las personas afectadas por un proceso judicial y la libertad de información no es sencilla, por eso el Consejo Audiovisual de Andalucía cree esencial avanzar con seriedad en la autorregulación de los medios en esta materia, pues su papel es fundamental a la hora de trasladar a la ciudadanía la información judicial y propiciar un debate crítico de las decisiones judiciales. Para ello han de hacerlo desde el rigor y la imparcialidad, para que sean los ciudadanos quienes extraigan sus propias conclusiones.