El segundo robo de la droga de un organismo oficial en Sevilla vuelve a cuestionar las medidas de seguridad de los alijos de estupefacientes mientras están a la espera de que se proceda a su destrucción por orden judicial. La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, el juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla y la Fiscalía Antidroga están investigando ya la denuncia presentada el pasado jueves por la mañana por los responsables del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, en relación con el robo de 30 kilos de heroína y 1,5 de cocaína que fueron sustraídos de la sede de este organismo que depende del Ministerio de Justicia.

La droga sustraída procede de cuatro alijos de distintas operaciones policiales y se hallaban en Toxicología para someter las sustancias a los distintos análisis para determinar su composición y el grado de pureza. Según fuentes de la investigación consultadas por este periódico, el valor en el mercado ilícito de las sustancias robadas supera el millón de euros. Por el momento no se ha confirmado la procedencia exacta de la droga, dado que el Instituto de Toxicología de Sevilla recibe muestras de toda Andalucía y de Extremadura para su análisis.

La heroína y cocaína sustraídas se encontraban almacenadas en una habitación denominada "búnker", que está cerrada con una llave de seguridad a la que, sin embargo, tenían acceso los trabajadores del centro y otras personas, dado que la misma se hallaba en un cajón. La ausencia de las muestras de droga fue detectada en la mañana del pasado jueves por los trabajadores del centro, que observaron cómo la caja donde se guardaban estas sustancias no estaba en su lugar habitual y sin las mismas. El centro ordenó la clausura de la habituación y denunció los hechos al juzgado de Guardia. Los investigadores ya han recabado información de los trabajadores y la Policía Científica ha estado analizando las huellas en el Instituto de Toxicología y tomando muestras de ADN. También se revisan las cámaras de seguridad del centro para ver si las grabaciones pueden aportar algún dato sobre el robo.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, se mostró ayer "ingratamente sorprendido" por este nuevo robo de droga y recordó que tanto los jueces como los fiscales y la propia Administración llevan tiempo "preocupados por la seguridad de los alijos" de droga procedentes de las intervenciones policiales. Ballester recordó que la Subdelegación del Gobierno en la provincia aseguró que se construiría un depósito "con las medidas de seguridad que el actual no tiene", aunque puntualizó que el robo en Toxicología "no tiene nada que ver" con el que se produjo en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante hace cuatro años.

El decano de los jueces recordó que desde hace tiempo se mantienen contactos entre las distintas partes implicadas en la custodia de los alijos para "agilizar la destrucción" de las sustancias, pero este procedimiento lleva "un tiempo en el que deben preservarse para proceder a su pesaje, análisis y contraanálisis" que pueden solicitar las defensas de los implicados. "Habría que utilizar un espacio que estuviera dotado de mayores medidas de seguridad, no sólo para evitar el robo sino también para la conservación de las sustancias y evitar su deterioro mientras se hacen los análisis", aseguró Ballester. El decano recordó que el Instituto de Toxicología cuenta, entre sus medidas de seguridad, con cámaras de videovigilancia y dispone de seguridad privada provista de armas de fuego.

Esta nueva desaparición de una importante cantidad de sustancias estupefacientes de un organismo público se suma al robo que se detectó en 2008 en los calabozos de la propia Jefatura Superior de Policía de Andalucía, de donde desaparecieron un total de 154,4 kilos de cocaína y heroína. Por estos hechos han sido imputadas cuatro personas, entre ellas el ex agente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Lars Sepúlveda Madsen.

La juez de Instrucción número 19 de Sevilla cerró la investigación del robo de los 154 kilos de cocaína y heroína de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante con un auto en el que procesó al ex agente de la Udyco, al matrimonio de Coria del Río compuesto por Manuel A. N. y Violeta S. G., y a la mujer del propio agente, María Teresa M. S., a quienes se les impuso una fianza de hasta cuatro millones. La instructora de este caso, Ana Escribano, reveló en su resolución que los 154,4 kilos de estupefacientes -56,7 kilos de heroína y 97,7 de cocaína- fueron sacados del depósito de la Jefatura "en seis ocasiones diferentes" y que los acusados lograron unas ganancias de más de cuatro millones de euros con la venta de la droga en el mercado negro.