Un grupo de vigilantes de seguridad de los juzgados de Sevilla ha presentado una reclamación previa a la vía judicial ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta, a la que reclama el pago de los salarios que la empresa de vigilancia Esabe dejó de abonarles en los últimos meses del año pasado.

La petición ante la Consejería ha sido presentada por una media docena de vigilantes de seguridad, que reclaman cantidades que oscilan entre los 10.000 y 12.000 euros, correspondientes a las nóminas de julio a octubre de 2012, así como la paga extra de julio y una paga de beneficios de marzo del año pasado. Los vigilantes consideran que la Junta es "responsable civil subsidiaria" de las cantidades adeudas por la empresa de vigilancia, al haber desempeñado sus servicios en calidad de vigilante a la Administración de Justicia y todo ello porque Esabe alegó en su día para justificar el impago de las nóminas que la Junta se había retrasado en el pago de las cuantías pactadas en el contrato de prestación de servicios.

La reclamación ante la Consejería es un trámite necesario para que los vigilantes puedan acudir a los tribunales de Justicia para exigir el pago de las nóminas.

La situación de los vigilantes de Esabe era tan alarmante después de más de cinco meses sin cobrar que estas personas tuvieron que recurrir a sus familiares para poder hacer frente al pago de las hipotecas y la compra de comida y el pago de otras facturas. Hubo incluso un vigilante que perdió su vivienda como consecuencia de los retrasos en el pago de sus salarios, y el caso más grave fue el de un trabajador que, según explicaron sus propios compañeros, se suicidó agobiado por la precaria situación.

La Consejería de Justicia adjudicó finalmente el servicio de vigilancia de los juzgados en noviembre pasado a la empresa Casesa. Tan sólo un mes después, la Policía detuvo a la cúpula del grupo empresarial Esabe por un fraude a la Seguridad Social por importe de 30 millones. En la operación fueron detenidas diez personas, entre dueños, directivos y ejecutivos del grupo empresarial, a los que se atribuye haber creado un entramado empresarial para obtener beneficios ilícitos incumpliendo la normativa legal.