Un código ético en Emvisesa

LUZ y taquígrafos. La expresión que ha popularizado hasta rozar el chiste Juan Ignacio Zoido resume uno de los principios básicos que todo gobernante y gestor público debe defender en estos días para luchar contra el brutal desprestigio que sufre la clase política. En la Junta de Andalucía lo llaman transparencia y se legisla sobre ello. Y hay otra versión, la de los códigos éticos que persiguen el mismo objetivo: demostrar que quienes de alguna u otra manera tocan los dineros de todos son personas honestas o que, al menos, respetan unos principios.

A finales de mayo el consejo de administración de la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa, aprobó en comisión ejecutiva uno de estos códigos. "Debido a la situación económica actual, nos vemos obligados a convivir en un ambiente de negocio difícil e impredecible, en el que la ética y las prácticas justas y honradas deben estar más que nunca presentes en cualquier actividad empresarial". Con estas palabras justifica el gerente de dicha empresa la medida, que se presenta como herramienta para orientar y guiar las actuaciones de los empleados "en determinadas eventualidades". Es más, el código obliga a la plantilla a comunicar -de manera confidencial, claro está- las irregularidades o malas prácticas observadas entre sus compañeros.

¿Y cuáles pueden ser éstas? Según se recoge, el uso de recursos y medios materiales de la empresa para fines ajenos al desempeño de su actividad profesional; la falsificación de información; hablar mal de la empresa en público; o no ser imparciales a la hora de firmar con algún cliente o proveedor. Y algo más: el código hace referencia expresa a la corrupción y los sobornos, así como a la aceptación de regalos y otros privilegios y pagos en especie.

Quien imcumpla estas normas será penalizado con una sanción que se agravará en función de la falta cometida.

Este código sería innecesario si estas situaciones no se hubieran dado nunca. Pero no es así. Nadie puede discutir que la corrupción no existe y la afirmación es general, no se refiere en este caso a Emvisesa. La empresa de la vivienda no es la primera ni la última que adopta este tipo de normas que, además, podría decirse que son tendencia a nivel político. Ahora sí, el mero enunciado de que habrá un código ético en dicha empresa levanta las suspicacias de muchos de sus trabajadores que se indignan con el solo hecho de pensar que el Ayuntamiento de Sevilla no confía en ellos.

Pues que empiecen por ellos mismos, opina más de uno en Emvisesa. En realidad, el código ético va dirigido también a los directivos. Pero quienes temen sus consecuencias no son precisamente ellos, sino muchos funcionarios que sufren en primera persona el descrédito que genera en la ciudadanía la gestión de lo público y que no sólo se alimenta de la comodidad con la que muchos empleados se toman su trabajo, sino por las irregularidades que derivan en escándalos judiciales.

Que Emvisesa adopte un código ético es algo positivo, es una señal de transparencia. Aunque hay otra corriente que cuestiona la buena fe de la medida y ve en su aprobación una estrategia bien distinta: la puesta en marcha de un Gran Hermano que todo lo ve y todo lo cuenta -eso sí, en el confesionario- y que servirá para buscar los argumentos a futuros despidos o externalizaciones de servicios, que es otra opción en boga.

Qué planteamiento más enrevesado, ¿no? Puede ser, tanto como la política y el tremendo sumidero en el que han caído valores que, de hace un tiempo acá, se le presuponía a cualquiera con ambición y ganas de hacer negocio.