Expurgo en los juzgados

El papel sigue siendo una de las grandes lacras de la Administración de Justicia, hasta el punto de que los archivos judiciales se ven muchas veces colapsados ante la acumulación de cajas y cajas de documentos.

La solución pasa por eliminar aquellos que ya no vayan a ser necesarios. La Consejería de Justicia e Interior ha comenzado la destrucción de expedientes judiciales antiguos y sin valor con el objetivo precisamente de liberar espacio en los saturados archivos de los juzgados sevillanos.

La decisión se produce tras el acuerdo adoptado por la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) para la eliminación y conservación selectiva de documentos. En la provincia de Sevilla, el primer expurgo masivo ha supuesto la eliminación de 80.314 expedientes judiciales que estaban almacenados en 1.226 cajas, todos ellos correspondientes únicamente a tres órganos judicials de la capital: los juzgados de Primera Instancia números 1, 11 y 12. Además, se han enviado 122 cajas y 7.164 expedientes al archivo histórico provincial guardarlos como documentación permanente de acuerdo con la tabla de valoración aprobada por el interés que contienen estos procedimientos de cara a su conservación.

A nivel regional, en esta primera fase se han destruido ya más de 340.000 procedimientos correspondientes a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90. La Junta de Expurgo, creada por la Consejería y el TSJA, ha decidido conservar 27.201 expedientes contenidos en 611 cajas, que han sido remitidos a los archivos provinciales. A esta primera destrucción documental, seguirá una segunda fase que desechará otros 300.000 expedientes, por lo que se elevará a 650.000 los expedientes judiciales destruidos en toda Andalucía en este proyecto destinado a rebajar el alto nivel de ocupación de los archivos de los tribunales.

El volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es de tal magnitud que alcanzaría una distancia de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen los citados documentos. Esta acción pionera de eliminación de documentos se está realizando en los juzgados de Huércal-Overa, en Almería; Arcos de la Frontera (Cádiz); Motril (Granada) y Coín (Málaga), junto a los juzgados de las capitales de Sevilla, Málaga y Cádiz.

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos estriba en determinar su interés judicial e histórico, contando para ello con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración, esenciales para determinar las muestras de cada tipo de expedientes que tienen acceso a los correspondientes archivos históricos provinciales. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos.

Antes de la eliminación de estos expedientes judiciales, la Junta ha dado un plazo de dos meses a los interesados en las actuaciones judiciales para que puedan recuperar aquellos documentos aportados en su día a los procesos que van a ser destruidos y cuyas referencias se han publicado previamente en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA).

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, destacó ayer a este periódico "el valor de esta destrucción masiva de documentos judiciales obsoletos para resolver uno de los problemas acuciantes de la Administración de Justicia,como es la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones y que ofrecen una imagen desfasada y negativa de este servicio público".

De Llera aseguró que "no tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen nada de valor ni de interés y que están ocupando inútilmente un lugar en los archivos, un espacio que necesitamos liberar para acoger nuevos documentos o bien destinarlo a otros usos más acuciantes".