Se terminó la gasolina. El depósito está vacío. Toca bajarse. Alfredo Sánchez Monteseirín, el alcalde de Sevilla, ha agotado en apenas cinco años la totalidad de los fondos económicos recaudados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poder financiar y articular de forma ordenada el crecimiento de la capital de Andalucía durante la próxima década.

Este hecho, que ayer fue puesto de manifiesto de forma indirecta por el nuevo delegado de Urbanismo, Manuel Rey, en una conferencia ante el Foro Gaesco -la institución que representa a la patronal de la construcción-, supone, de facto, la paralización de casi todas las operaciones de crecimiento urbano diseñadas por el nuevo Plan General, con el consiguiente efecto perjudicial sobre el empleo. Al tiempo, abre un periodo de incertidumbre en el que de una u otra manera se verán implicados los empresarios, muchos ciudadanos y, con total seguridad, los sucesivos gobiernos locales de los próximos dos lustros, con independencia de cuál sea su signo político final.

Los datos no dejan lugar a dudas. Entre 2006 y 2010 la singular gestión municipal ha consumido la totalidad de los 172 millones de euros que, según la versión oficial del Consistorio, se recaudaron de los propietarios y operadores privados de suelo durante el proceso de redacción y aprobación del PGOU. En realidad, los números exactos no terminan de casar del todo. La recaudación global de los convenios urbanísticos ascendió a 229,7 millones de euros, aunque el delegado de Urbanismo redujo ayer la cifra -sin explicar del todo las razones- a 172,1 millones de euros. Un posible motivo pudiera ser que no todos los propietarios de suelo que rubricaron un convenio han depositado todavía los fondos con los que el director del PGOU, el arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, pretendía implicar a los operadores de suelo en la construcción de los sistemas e infraestructuras generales de Sevilla. Algo anómalo, en todo caso. Otras hipótesis todavía deben verificarse. En cualquier caso, lo cierto y verdad es que de la cantidad que Urbanismo sostiene que teóricamente se recaudó gracias a las recalificaciones urbanísticas -se firmaron 70 convenios, de los cuales 55 implicaron un importante desembolso económico por parte de los propietarios de terrenos- ya no queda ni un euro. Cero.

Oficialmente en las arcas de la Gerencia existen "remanentes de crédito" por valor de 73 millones. Pero ésta no es más que una cifra virtual.  Incierta. Los compromisos reales de gasto -pasados, presentes e inminentes- contraídos por el Ayuntamiento desfondan por completo la hucha que el Plan General creó en 2006 precisamente para poder financiar tanto el crecimiento como el equipamiento de la ciudad presente y futura. Eran las reservas económicas de Sevilla para sobrevivir, en términos urbanísticos, durante la próxima década. Se han dilapidado por completo en apenas un lustro. E, incluso, con independencia del hecho de utilizarlas exclusivamente en una reducida serie de proyectos -dejando por tanto de lado los equipamientos generales-,  los gastos ciertos a los que habrá que hacer frente a medio plazo superan el dinero realmente disponible en casi 20 millones de euros, lo que significa que una parte de las infraestructuras oficialmente contratadas no podrán hacerse o tendrán directamente que pararse. Probablemente le tocará  a la rotonda del primer tramo de la circunvalación SE-35 -diseñada por Ayesa, cuyo coste es de 12 millones- o la ronda urbana Palmas Altas-Pítamo, cuya construcción requiere 15 millones. Aún no está del todo claro.

¿Dónde está el dinero? Esencialmente en los grandes proyectos que, aunque se incluyeron en el PGOU, apenas suponen una mínima parte de los que necesita Sevilla y, sobre todo, la mayoría de los barrios. Un análisis detallado del destino de estos fondos -que se negociaron con los empresarios para financiar los sistemas generales globales de la urbe, no para los proyectos que han terminado recibiéndolos- arroja una conclusión explosiva en términos electorales: PSOE e IU han destinado 75,8 de los 172,1 millones de recaudados -un 44%- a proyectos ubicados en el casco histórico de Sevilla. El motivo: concentrar las iniciativas políticas de la era Monteseirín en la parte de la ciudad donde mejor podían percibirse, con independencia de otros análisis técnicos.

El principal agujero negro es la Encarnación. El Parasol ha consumido hasta un 37% del dinero reservado por el Plan General para construir infraestructuras urbanas en Sevilla con vistas a 2020. Hasta 65 millones de euros, si se cuentan los 25 millones autorizados en su día por el ex gerente de Urbanismo, Manuel Jesús Marchena, hombre de confianza del alcalde; el primer modificado del proyecto -8,4 millones- y el notable segundo reformado, cifrado en casi 30 millones de euros más. La Encarnación, en términos técnicos, es un sistema general, pero la gestión de la construcción del Parasol hecha por el gobierno local es el factor que explica que se hayan detraído tantos fondos de la reserva del Plan General para cubrir el desfase. Hasta el punto de poder establecer una relación de causa-efecto: cuando un inversor aportaba dinero para los sistemas generales de un nuevo barrio de Sevilla -proyectado, pero aún no iniciado- no sabía, en realidad, que su dinero iba a gastarse en la plaza de la Encarnación. O en otros proyectos políticos.

Tal circunstancia ha ocurrido también en el caso del carril-bici (17,8 millones), la reurbanización de la Alameda de Hércules (4,9 millones), la rehabilitación de la Plaza de España (5,9 millones), el Plan de Barrios (19,7), un único tramo de la SE-35 (41,4),  la construcción de zonas verdes o el bulevar de Bellavista (17,7 millones). Todos estos proyectos son sistemas generales de equipamiento. Pero su excesiva necesidad de financiación ha trastocado todo. Perfectamente podían haberse sufragado algunos con el presupuesto corriente. Desviar en exceso el dinero de la reserva global del PGOU para las infraestructuras de Sevilla a estos proyectos concretos implica, indirectamente,  dejar sin horizonte temporal los demás crecimientos urbanos, que ya no cuentan con dinero -aportado por sus propietarios- para cuestiones tan básicas como construir accesos viarios. Sin ellos los promotores no obtendrán nunca la necesaria licencia de obras. Por tanto, la inversión privada efectuada en su momento en estos terrenos recalificados ya no podrá activarse. Las consecuencias sobre el tejido económico en el sector de la construcción serán notables. Por no decir sencillamente devastadoras.