Los cambios en la baremación no son la única novedad en el nuevo decreto de escolarización. Hay muchas más. Entre ellas, la más destacada es la posibilidad que se les ofrece a los padres de realizar una matrícula única para todo el itinerario educativo de sus hijos. Desde Infantil a Bachillerato, incluyendo la enseñanza obligatoria y la voluntaria. Esta fórmula lleva establecida en la enseñanza concertada desde hace bastantes años, lo que también favorecía que muchas familias optaran por este tipo de centros al proporcionarles una mayor garantía de permanencia de sus hijos. La matrícula única podrá realizarse gracias a la adscripción de colegios e institutos, de manera que los centros de Primaria y Secundaria ubicados en la misma zona tendrán continuidad en el expediente académico de un alumno.

Otra de las ventajas para los padres será la eliminación de los documentos con los que se verifican ciertos aspectos a valorar. Los referidos a la residencia familiar, laboral y la renta serán obtenidos por la administración educativa a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los de familia numerosa o discapacidad serán facilitados por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

De igual modo, el decreto obliga a una reserva de tres plazas en las aulas de todos los centros sostenidos con fondos públicos -también los concertados- para niños con necesidades educativas especiales, entre los que se encuentran los más aventajados y los inmigrantes. Educación quiere acabar así con la "discriminación" que sufre el alumnado extranjero en los concertados, ya que más del 90% estudia en colegios públicos.

El fraude en la escolarización tendrá una mayor sanción con este decreto. Al alumno que aporte documentación falsa durante dicho proceso se le retirarán todos los puntos. Este curso, según la delegación provincial de Educación, los fraudes se han elevado a 297, tras las 413 reclamaciones presentadas. De ellos, a 126 menores se le retiraron puntos por domicilio familiar y a otros 56 por familia monoparental. Precisamente este concepto ha sido ampliado para evitar las lagunas del antiguo decreto, de manera que pueda considerarse como tal cuando la patria potestad del alumno esté ejercida por una sola persona, o cuando exista una orden de alejamiento de uno de los cónyuges respecto al otro con el que convive el alumno.

Para el correcto cumplimiento del nuevo decreto, la Junta ha creado una nueva figura: las comisiones de garantía, integradas por personal de la delegación provincial y representantes de los centros educativos (dirección, profesorado y padres), Diputación y ayuntamientos.