Los mercados regulados

DESDE que los catalanes decidieron aprovechar la euforia privatizadora del primer gobierno de Aznar para hacerse con el control de los mercados estratégicos, la política industrial en este país ha sido un completo desastre. Después de una larga nómina de ministros catalanes (Piqué, Birulés, otra vez Piqué, Montilla y Clos), la llegada de Miguel Sebastián permitía pensar en que por fin habría una política industrial pensada para el conjunto de España. En el camino quedaban episodios tan polémicos como el control de Telefónica, que finalmente se saldó llevando la sede de Terra a Cataluña, con La Caixa como socio de referencia, junto a BBVA, y con el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Barcelona. Luego vinieron los intentos de fusión entre Endesa e Iberdrola, descaradamente torpedeados desde Cataluña con el consentimiento del Ministerio de turno, y la opa de Gas Natural sobre Endesa.

Fue en la época de Montilla, sin duda la más nefasta de la historia del Ministerio, cuando se urdió la mezquina operación que terminaría por despiezar a una de las empresas emblemáticas del país. Tras conseguir a través de las cajas catalanas el control de los consejos de administración de las empresas líderes en los sectores estratégicos del país, quedaba un hueco importante por cubrir en el energético. Se había conseguido la práctica totalidad del mercado del gas a través de Gas Natural y se estaba como socio de referencia en la primera petrolífera del país, Repsol, por lo que sólo faltaba el control de una de las grandes eléctricas para completar el plan.

Previamente se había aclarado el camino con la correspondiente ocupación de la Comisión Nacional de la Energía y la elaboración del socorrido libro blanco, que por supuesto reconocía la existencia de un importante déficit tarifario, es decir, que las eléctricas estaban cobrando por el Kilovatio menos de lo que costaba producirlo. La situación debía ser tan grave que, para evitar una subida repentina del recibo, gobiernos anteriores habían aceptado entregar a las eléctricas un billón y medio de las antiguas pesetas en concepto de "costes de transición a la competencia". Cuando todo parecía indicar que el negocio eléctrico era ruinoso, apareció Gas Natural con su opa de 19 euros por acción de Endesa y la posterior defensa numantina de ésta, que terminó fijando el precio del desalojo en bastante más del doble. Con estos antecedentes, es de suponer que el ciudadano se preguntará si el regulador público está verdaderamente defendiendo sus intereses cuando aceptaba subidas de tarifa como las del año pasado, justificadas entonces por la subida del petróleo, pero que no han tenido su correspondiente recorrido en sentido contrario durante la contracción de los últimos ocho meses. Incluso el descenso del 10,8% en la factura del gas se queda a medio camino de la subida del pasado año y al ciudadano le queda una sensación de indefensión y desinformación que debería llevar al Ministerio de Industria a revisar profundamente el funcionamiento y la independencia de sus órganos de regulación.