Un juzgado de Sanlúcar la Mayor ha abierto juicio oral contra el ex alcalde de la localidad Eustaquio Castaño y otros ocho miembros de la corporación local, que serán juzgados por un delito contra la ordenación del territorio por haber autorizado la construcción por encima de la altura legal de la casa de hermandad de la Virgen de la Soledad.

El auto que decreta a la apertura de juicio oral contra los nueve procesados, acuerda además la imposición de una fianza de 10.000 euros a cada uno de los ediles que formaban parte de la antigua corporación y que se han visto inmersos en este proceso.

La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico presentó en febrero pasado su escrito de acusación contra los nueve implicados, a los que pidió una inhabilitación de ochos años y el pago de una multa de 5.400 euros para cada uno, al estimar que el ex regidor y los ediles son presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación. Por su parte, el vecino afectado por las obras, que ejerce la acusación particular, ha elevado a diez años de inhabilitación y a una multa de 14.400 euros la pena que solicita para los imputados en este caso.

El Ministerio Público sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que la Hermandad de la Soledad solicitó en abril de 2002 al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor una licencia de obras para la construcción de una casa de hermandad. La comisión de gobierno del Consistorio sanluqueño concedió el 29 de abril la licencia, que incluía una altura para el edificio de siete metros, el máximo permitido por las normas urbanísticas vigentes en la fecha. La hermandad de la Soledad presentó unos meses más tarde, en concreto en agosto de 2002, otra solicitud al Ayuntamiento en la que pedía autorización para construir hasta los nueve metros de altura, con la finalidad de poder albergar el paso de palio.

La petición fue informada "negativamente" por el arquitecto municipal y aunque un informe jurídico de la secretaría general del Ayuntamiento advirtió que el cambio era contrario a las normas urbanísticas, la licencia fue aprobada por el Pleno municipal con el voto a favor del ex alcalde y de los ocho ediles que ahora serán enjuiciados en un juzgado de lo Penal de Sevilla.