Tribunales

La Fiscalía asegura que la cuenta de Castro en el club estaba "regulada legalmente y controlada"

  • El Ministerio Público no aprecia delitos de apropiación indebida y falsedad documental en la conducta del presidente sevillista a pesar de que algunas de las disposiciones puedan considerarse "llamativas o ajenas a la actividad deportiva"

  • Solicita no obstante a la juez que se dé traslado a Hacienda de los movimientos de la cuenta realizados entre los años 2013 y 2017 "a los efectos fiscales que procedan"

El presidente del Sevilla, José Castro, acompañado de sus abogados cuando declaró en los juzgados de Sevilla. El presidente del Sevilla, José Castro, acompañado de sus abogados cuando declaró en los juzgados de Sevilla.

El presidente del Sevilla, José Castro, acompañado de sus abogados cuando declaró en los juzgados de Sevilla. / juan carlos vázquez

La cuenta que José Castro tiene en el Sevilla está "regulada legalmente, es conocida y está controlada" por el club. Esta es la principal argumentación que la Fiscalía de Sevilla esgrime en el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 11 de Sevila para solicitar el archivo de la causa abierta contra el presidente dl Sevilla, tal y como ha avanzado este periódico.

En el escrito remitido a la juez Cristina Loma por el Ministerio Público se solicita el archivo de la denuncia, que en su día presentó la propia Fiscalía, al considerar ahora, una vez practicada la declaración como investigado de José Castro y de varios testigos, entre ellos varios directivos y empleados del club, que los hechos no son constitutivos de delitos de apropiación indebida y falsedad documental. El escrito solicita, no obstante, que se dé traslado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de las "disposiciones realizadas por el investigado" con cargo a la cuenta de socios y administradores entre el año 2013 y 2017, y todo ello "a los efectos fiscales que procedan".

La Fiscalía de Sevilla denunció a Castro porque entendía que había dispuesto "en su propio beneficio" de diversas cantidades de dinero de la cuenta del club por un importe global de 118.629,12 euros, cantidad en la que se incluían una transferencia de 50.000 euros a una sociedad de la que el presidente es el gerente y gastos por viajes de "tipo personal" realizados a Santo Domingo.

Sin embargo, tras analizar todo lo instruido, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que en los hechos investigados no hay ninguna infracción penal, por cuanto se tata de una cuenta "regulada legalmente, conocida y controlada por la sociedad, teniendo ese tipo de cuentas todos los miembros del Consejo de Administración, y siendo así que los actos de disposición que se realizan con cargo a las mismas están guiados desde su inicio por la necesaria devolución".

Y todo ello, prosigue la Fiscalía en su escrito, "con independencia de que alguna de las disposiciones hechas por el señor Castro puedan considerarse llamativas o ajenas a la actividad deportiva del club", a pesar de lo cual "no parece lógico que cuando aquél ha aportado al Sevilla Fútbol Club importantes cantidades de dinero, esta cuenta no genere ningún tipo de problemas y que, cuando el saldo es favorable a la sociedad, se cuestione su uso, más cuando la cantidad total de la que dispuso el investigado ha sido reintegrada, no sufriendo por tanto la sociedad ningún perjuicio".

La Fiscalía explica que se trata de una cuenta con socios y administradores prevista en el Plan General Contable, que no hace "más que reflejar los saldos acreedores o deudores de la sociedad para con sus titulares", cuyo uso se remonta al año 1998, época en la que el club "no tenía posibilidades de obtener créditos de las entidades bancarias, siendo por ello los miembros del Consejo de Administración los que facilitaban ese crédito a la entidad, realizándose en ella las correspondientes anotaciones contables".

Salvo esos apuntes contables, "nunca" se ha concretado por el club ni el límite máximo de crédito que podían tener los socios titulares ni el plazo de devolución de los saldos de los que era acreedora la sociedad, ni los conceptos que aquellos podían cargar en la misma, precisa el Ministerio Público, que añade que estaba incluida dentro de la cuentas generales que formula anualmente el Consejo de Administración y se aprueban por la Junta General de socios, por lo que está "sometida al control de la sociedad y de las personas que la componen".

La Fiscalía recuerda que ese control por parte de los socios se puso de manifiesto por el director administrativo del club, Francisco Javier Cano Navas, en su declaración, quien añadió que la cuenta de la que era titular José Castro, "en algunas ocasiones había arrojado un saldo positivo para él mismo, reintegrándoselo con posterioridad la sociedad, cantidad que el director general y secretario del Consejo de Administración, José María Cruz Andrés, fijaba entre los años 1998 y 2005 en torno a los 600.000 euros, precisando éste también que Castro había avalado algunas operaciones del club y que, como todos los miembros del Consejo de Administración, su responsabilidad económica era solidaria con la entidad deportiva".

Además, cada tres meses, se enviaba un extracto de la misma al titular para que manifestara su conformidad o reseñara si había alguna "anotación errónea y, si por la cuantía dispuesta se estimaba que existía algún riesgo en su devolución", se daba cuenta a la Comisión de Auditoría del club y se provisionaban esas cuentas con fondos del club, "sin que nunca se haya apreciado ese riesgo ni se haya efectuado esa provisión", agrega la acusación pública.

Para la Fiscalía, también consta certificación de la Junta General de Accionistas de 11 de diciembre de 2017 en la que se aprueba una retribución para los miembros del Consejo de Administración de 500.000 euros anuales, lo que "respalda la versión del investigado de que, en espera de esa remuneración que se estaba negociando, no canceló antes el débito de su cuenta para realizar posteriormente una compensación".

De la misma forma, coinciden Casto y los testigos en que a partir del mes de septiembre de 2017 es cuando se ha concretado el límite de crédito de los socios titulares de ese tipo de cuentas y el plazo para su devolución, según el primero 3.000 euros como máximo a devolver en un año.

Por otra parte, la Fiscalía tampoco aprecia delito alguno en la compra por parte del presidente sevillista de varios paquetes de acciones del club, a pesar de que un empleado del club acusara en el juzgado a Castro de haber falsificado la firma de un fallecido para endosarse unas acciones cuyos herederos habían vendido a un tercero, que a su vez se las traspasó a Castro

El Ministerio Público apunta a este respecto que aún cuando el testigo haya manifestado en su declaración que el investigado "estampó su firma en el endoso de las acciones y también otra firma como si fuera la del fallecido, acreditada la adquisición, estaríamos quizás ante una forma no demasiado correcta de suplir las deficiencias documentales para llevar a cabo la anotación a nombre del titular, pero no ante un delito de falsedad, pues esta conducta sería penalmente irrelevante y la falsedad inocua".

El presidente del Sevilla pidió en abril pasado a la juez que archivara la causa

En abril pasado, el presidente del Sevilla, José Castro, ya pidió a la juez Cristina Loma el archivo de la denuncia, en un escrito en el que acompañaba el informe de un juez especialista en derecho mercantil que concluye que los hechos denunciados no son constitutivos de delitos de administración desleal o apropiación indebida, por cuanto no se ha acreditado ningún perjuicio a una entidad que factura más de 100 millones al año y con unos beneficios de 30 millones.

La tesis que sostiene la defensa para solicitar el archivo parte de que el uso que el presidente del Sevilla dio a esta cuenta del club entra dentro de la normalidad y no se ha generado ningún perjuicio al Sevilla, recordando que regularizó la situación y saldó la deuda que había tenido con la entidad.

La defensa entiende que la denuncia fue utilizada en una junta de accionistas del club para atacar a Castro, en concreto, por la familia del ex presidente José María del Nido, que mantiene un importante paquete de acciones.

La defensa llama la atención sobre el hecho de que la documentación que aportó el hijo de José María del Nido es la misma que luego figura en la denuncia que presentó el abogado Agustín Martínez ante la Fiscalía de Sevilla, que dio lugar a la apertura de unas diligencias de investigación que concluyeron con la presentación en los juzgados de una denuncia contra el presidente del Sevilla por delitos de apropiación indebida y falsedad documental.

Tras las peticiones de archivo presentadas por la Fiscalía hispalense y de la propia defensa de Castro, la titular del juzgado de Instrucción número 11 debe pronunciarse sobre las mismas, aunque lo más probable es que al final se imponga el criterio del Ministerio Público y la causa sea archivada, según comentaron fuentes del caso.

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